El que fuera alcalde de El Puerto por Independientes Portuenses (IP) desde 1990 hasta 2006 será juzgado a principios del año que viene en la Audiencia Provincial de Cádiz por un delito de blanqueo de capitales.

No es la primera vez que el ex regidor portuense rinde cuentas ante la Justicia. H. D. ya ha sido procesado y condenado por varias causas: el derribo de parte de la Casa de las Cadenas (un Bien de Interés Cultural); el nombramiento a dedo del jefe de la Policía Local; la concesión de licencias para la construcción de viviendas ilegales en enclaves protegidos...

Los acusados tenían un patrimonio que no se correspondía con sus ingresos, según FiscalíaLa nuera de H. D. y la pareja de Jiménez Fornell están también procesadas

Hasta ahora Díaz ha sido condenado por prevaricación, lo que conlleva como pena la inhabilitación para ejercer un cargo público, pero no cárcel. Sin embargo, la nueva pieza que lo llevará a comienzos de 2018 a los tribunales lo acusa de blanqueo de capitales, un delito por el que el fiscal solicita para él cuatro años de prisión, multa de 200.000 euros y comiso de 141.167,81 euros que no proceden de actividades legales.

El ex alcalde de IP irá a juicio con otro miembro de su equipo de gobierno, Juan Carlos Rodríguez Álvarez, delegado de Urbanismo de 2004 a 2008. También están acusados Fernando Jiménez Fornell, arquitecto municipal desde 1993 y jefe del Servicio de Disciplina Urbanística hasta 2007 (hoy inhabilitado), y Milagros Trigo Pacheco, pareja sentimental de Fornell y oficial administrativo en el Consistorio portuense de 1992 a 2004.

Los tres serán procesados por el mismo delito que el ex alcalde, blanqueo de capitales. La Fiscalía pide para el ex edil de Urbanismo la pena de cuatro años de cárcel, multa de 80.000 euros y comiso de 44.274,40 euros de procedencia ilícita. Para Fornell y Trigo plantea otros cuatro años de prisión, multa de 350.000 euros y comiso de 246.740,49 euros cuyo origen es ilegal.

A Díaz, Rodríguez y Jiménez Fornell se suman otros tres acusados, todos ellos pertenecientes al núcleo familiar de H.D. Se trata de su esposa; su hijo; y la mujer de éste. El Ministerio Público los procesa igualmente por el delito de blanqueo de capitales y solicita para el hijo y su esposa cinco años de cárcel, multa de 360.000 euros y decomiso de 239.156,09 euros.

Tirando del hilo

A partir de los procedimientos penales abiertos contra el ex alcalde de El Puerto, Fernando Jiménez Fornell y Juan Carlos Rodríguez -que ya tienen condenas anteriores-, funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía de la UDYCO y de la Agencia Tributaria llevaron a cabo diversas investigaciones sobre el patrimonio y las actividades económicas y mercantiles de estos acusados y sus familiares más directos para saber si, además de los delitos por los que ya habían sido condenados (prevaricación, contra la ordenación del territorio), se podrían haber cometido uno o varios delitos de receptación o blanqueo de capitales a fin de ocultar las posibles ganancias y beneficios obtenidos, supuestamente, de manera ilícita con la comisión de los citados hechos delictivos.

La Fiscalía sostiene que gracias a estas pesquisas se detectó que todos los acusados tenían unos ingresos en cuentas corrientes, generalmente en efectivo, y un patrimonio que no se ajustaban con las ganancias lícitas procedentes de sus trabajos y profesiones habituales, disponiendo todos ellos de una capacidad económica muy superior a la que teóricamente deberían tener a tenor de sus rentas declaradas a la Hacienda Pública.

La familia del alcalde de El Puerto

Según el Ministerio Fiscal, las investigaciones realizadas acreditan que durante los años 2000 y 2009 tanto el matrimonio formado por H. D. y Mercedes Cantos como el conformado por H. D. hijo y Carmen Selma consiguen retribuciones y aumentos en sus respectivos patrimonios que no se corresponden con los sueldos, ganancias o emolumentos que tenían con sus trabajos, negocios u operaciones mercantiles. Por lo tanto, dice el fiscal, este incremento de su poder adquisitivo produce de forma ilícita.

Así, en el año 2000 se contabilizan 99.097 euros sin justificar en las cuentas del matrimonio Díaz Cantos. Durante los años 2000 y 2001 los investigadores descubren que para hacer frente a sus gastos cotidianos, ambos apenas retiran dinero en efectivo ni utilizan tarjetas de crédito. En 2006 se aprecia un aumento neto en los saldos de sus productos bancarios por un importe tal que se supone que el matrimonio habría ahorrado un 66% de sus ingresos totales. En 2007 H. adquiere un Ford Mondeo sin que se encuentren movimientos de cargo que puedan corresponder con esta compra. También en 2007 Mercedes Cantos, a quien no le constan datos laborales, suscribe participaciones de la sociedad Embotelladores, Manipuladores y Comercializadores 3, S.L. que luego vende. De los beneficios obtenidos de dicha venta, la esposa de H. realiza varias transferencias a favor de sus hijos, sobre todo, desvía efectivo hacia H. D. C., quien recibe, según el fiscal, 53.356 euros.

De otra parte, en el periodo investigado (de 2000 a 2009) H.D.C. y su esposa Carmen Selma llevan a cabo operaciones mercantiles llamativas para la Fiscalía al no contar con capital conocido para realizarlas, pues los diferentes negocios emprendidos por él en esos años acaban disolviéndose sin prácticamente ganancias. Las pesquisas sacan a la luz que este matrimonio tiene ingresos en efectivo o en cheques que no están justificados por su trabajo.

En definitiva, el fiscal considera que H.D.C. realmente lo que ha hecho es colaborar con su padre H.D.C. para abonar en sus cuentas corrientes las cantidades de dinero que este último habría recibido de forma extraoficial, ayudando así a su padre a ocultar los posibles beneficios que habría obtenido de actos ilícitos cometidos con motivo de su cargo de alcalde en El Puerto.

El resto de acusados

El Ministerio Público expone en su escrito de acusación que el ex edil de Urbanismo, Juan Carlos Rodríguez, abre en 2008, justo después de su actividad política, una tienda dedicada a la venta de ropa. Entre ese año y 2011 consta que el que fuera concejal ingresa en las cuentas corrientes de esa sociedad 44.274,40 euros que no tienen su origen en la tienda y tampoco en las cuentas personales del acusado.

Respecto a Jiménez Fornell y Trigo Pacheco, la Fiscalía apunta que ambos disponen de un patrimonio que no concuerda con sus rentas justificadas y que excede notablemente los sueldos legales que reciben por su trabajo como funcionarios públicos. Los investigadores pusieron la lupa en su capacidad de atesorar: en 2005 la pareja ahorra un 92% de lo legalmente declarado, es decir, supuestamente ambos vivieron del 8% de sus ingresos. En 2006 ahorraron un 61% de sus ganancias acreditadas.