El viernes María Antonia tuvo que salir de la casa en la que había vivido de alquiler y, posteriormente, de 'okupa' por el plazo de una semana a raíz de un mandato judicial que les daba 48 horas para abandonar definitivamente la vivienda. Se vio en la calle con sus escasas pertenencias y con sus tres hijos, con 16, 15 y 13 años de edad. Y de hecho estuvo un tiempo en el parque Sacramento sin saber qué hacer y sin saber dónde iba a pasar la noche. Al percatarse de su situación, una amiga -explica- les dio una dirección en la calle Santiago, cerca del centro. Una casa propiedad de una entidad bancaria que estaba desocupada y la okuparon. "Estaba abierta", asegura.

Ayer, después de la tormenta desatada con la grabación de audio de la concejala Ana Lorenzo que realizaron hace unas semanas y que dieron a conocer el pasado viernes, explicaba junto a su ex marido, Alejandro, la situación en la que se había quedado. "Al final hemos tenido que hacer lo que nos decía Ana Lorenzo. No nos ha quedado otro remedio. No nos han dado otra solución", contaba. Y matizaba: "Nosotros no somos así. No somos de dar patadas en la puerta. Y no queríamos esto". Lo que querían, precisamente, es que desde Servicios Sociales se les hubiese dado una solución a su problema, un alquiler social. E insiste, tiene reconocido un 70 por ciento de minusvalía y tres menores a su cargo. Cobra una pensión no contributiva y de su ex marido, con el que mantiene una buena relación, recibe el dinero correspondiente a la manutención de los menores. Pero eso no llega para pagar un alquiler corriente y hacer frente a los gastos habituales de una casa durante todo el mes. Es más, al no contar con una nómina y al tener un historial de impagos sobre sus espaldas, nadie quiere alquilarle una casa. Así que -resalta- las opciones son pocas.

Aluden a las explicaciones dadas por la concejala de Servicios Sociales para asegurar que "lo reconoce todo" y lamentan que no hayan sido capaces de dar una solución -una solución legal- a su problema. Además, afirman que desconocían la ayuda de 800 euros para acceder a una nueva vivienda que cita el Ayuntamiento. "No nos la han notificado", advierte. En todo caso, está sujeta a un nuevo contrato de alquiler al que ahora mismo no pueden acceder.