20 enfermeras del Clínico cobran 500 euros menos que el resto

  • Eran funcionarias de Diputación y pasaron a depender en 1990 de la Junta. Desde entonces no se ha hecho efectiva la transferencia y han perdido dinero y privilegios

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Una veintena de enfermeras que actualmente ejercen en el Hospital Universitario de Puerto Real cobran 500 euros menos que otras compañeras suyas con la misma antigüedad y categoría.

Eran funcionarias con plaza en la Diputación Provincial de Cádiz, y trabajaban en el Hospital de Mora de la capital gaditana dependiente de dicha administración. Tras el cierre de este centro los profesionales tenían dos opciones: o ser absorbidos por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) o seguir como funcionarios de la Junta de Andalucía. Estas 20 profesionales, además de otros compañeros como auxiliares de enfermería y celadores, prefirieron la transferencia a la administración autonómica, principalmente , como explican, "porque sacamos nuestra plaza y nos pertenece, y así podemos optar a ella si en algún momento hay una vacante, algo que no es posible si entramos en el SAS".

Los que tomaron la primera vía, la del SAS, no tuvieron problemas. El resto, en teoría, fueron transferidos en 1990 de la Diputación a la Junta "adquiriendo en este momento la plena condición de funcionarios de la administración andaluza, como se establecía en la normativa reguladora del traspaso", tal y como explica Rafael Dávila, abogado del colectivo.

Sin embargo, en la práctica, esa transferencia no se ha llevado a efecto, después de casi 18 años, y estas profesionales están perdiendo dinero y privilegios.

Las enfermeras han mostrado su enfado por lo que consideran "un retraso excesivo e injustificado en su integración como funcionarios de esta administración".

Como relatan, fundamentalmente lo que ha pasado es que cuando empezaron a trabajar en el Clínico, se congelaron sus sueldos que eran superiores a los existentes entonces en el SAS para equipararlos. El problema es que las nóminas del resto de sus compañeros han ido creciendo mientras las suyas siguen inmóviles desde entonces por la irregularidad de su situación.

Además del dinero, existen otros problemas pues, por ejemplo, no se les atribuye los servicios de noches y festivos como a otros trabajadores que sí pueden realizarlos y no tienen reducción de jornada laboral.

El asunto ha llegado hasta el Defensor del Pueblo que ha remitido varios informes a la Junta pidiendo soluciones y reiterando el incumplimiento por parte de la administración autonómica. El último se emitió el pasado mes de octubre. No obstante, por parte de la Junta aún no se ha contestado a dicho requerimiento, a pesar de que se le daba un mes para aceptar la decisión, antes de que por parte de este colectivo se emprendiesen las acciones judiciales correspondientes. Una vía que aún no se ha llevado a cabo pero que no se descarta emprender.

Las trabajadoras afectadas esperan que por fin se les dé una solución a esta situación que las deja "en tierra de nadie", como apuntan.

Además reclaman a la administración autonómica que se les compense por la pérdida económica y de privilegios que han sufrido durante todos estos años.

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