Hace justo un año, la ex ministra de Fomento Ana Pastor vino a Cádiz de la mano del presidente de Puertos del Estado, José Llorca, y el ex máximo mandatario de Adif, Gonzalo Ferre, con la intención de enarbolarse como la autora del espaldarazo definitivo a dos infraestructuras cruciales para el futuro de la Bahía: la terminal de contenedores y el tren de La Cabezuela.

A día de hoy, un año después, la primera está compuesta y sin novio y lo segundo, el ferrocarril para la dársena puertorrealeña, parece que no entrará en funcionamiento hasta el año 2020.

Fue el presidente de los empresarios del puerto de Cádiz (Apemar), Emilio Medina, el que confirmó este extremo, noticia que, horas después, confirmaba a este periódico el propios presidente del puerto de Cádiz, José Luis Blanco, quien daba detalles de este lento proceso que pondrá en 2020 fin a una historia que se echaba a andar allá por 2000, aunque no diera sus primeros pasos cuatro años después.

El propio Blanco lamenta que sean los largos trámites administrativos los que condenen a la exitosa Cabezuela a no poder contar con una conexión ferroviaria con la línea Cádiz-Sevilla.

Fue en 2004 cuando se daban unos primeros pasos que tan sólo sirvieron para que, cuatro años después, la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC), entonces controlada por el socialista Rafael Barra, construyera la parte del trazado que le correspondía según los planes, es decir, todo lo correspondiente a las vías que transcurren por suelo portuario. A partir de ahí, era una empresa o, en ese caso, una UTE de empresas quienes debieran poner el resto hasta la conexión con la red ferroviaria nacional.

Pero con la crisis llegaron las penurias. En junio de 2009, Fomento adjudicó la obra del segundo tramo a la UTE formada por Ploder Uicesa y Vialobra por 17,7 millones de euros y 32 meses de ejecución, de manera que La Cabezuela debería tener tren desde el año 2011.

Nada más lejos de la realidad. La quiebra de una de las dos firmas que componían la citada UTE, Poder Uicesa, entraba en quiebra y posteriormente en concurso de acreedores, lo que significó la paralización definitiva del proyecto.

La visita de la ex ministra de Fomento Ana Pastor en abril del año pasado vino de la mano de la promesa de que ese trazado ferroviario, por fin, verá la luz.

El presidente de Puertos del Estado protagonizó hace una semana una visita fugaz a Cádiz, donde recibía a este Diario con el mensaje de que "el dinero para el tren de La Cabezuela está, se lo aseguro yo, ya que es Puerto del Estado el que lo pone". Pero en esta ocasión el problema no es precisamente el dinero por mucho que la consignación presupuestaria que aparecía en los últimos PGE pudiera resultar ridícula: 93.000 euros.

El problema es la lentitud de la burocracia que conlleva un proyecto que se echó a andar, se interrumpió, y, ahora, muchos años después se quiere retomar.

La quiebra de la UTE que debía hacer realidad este proyecto ha complicado las cosas. Ahora toca papeleo y más papeleo.

Pero al empalago de la burocracia se le une un problema que llega precisamente provocado por la lentitud de todo este proceso. Desde ese 2000 en que se ideó esta infraestructura ha cambiado hasta la normativa ferroviaria para un proyecto como éste. La Ley que rige las actuaciones de Adif no contempla la posibilidad de los pasos a nivel y el proyecto de este recorrido del tren necesita uno a su paso por suelo de Navantia. La empresa pública de construcción naval impone que en el proyecto se incluya ese paso para el traslado de grandes piezas.

José Luis Blanco confirmó en días pasados este extremo aunque, al mismo tiempo, le restara gravedad, ya que, con paso a nivel o con paso elevado, el procedimiento distaría sólo en meses, por lo que la fecha de 2020 parece inevitable.