El cortijo de Las Beatillas, ubicado en la Sierra de San Cristóbal y en desuso desde hace años, podría tener una nueva vida a medio plazo si llega a buen puerto el proyecto impulsado por la empresa Casalbor, una firma especializada en bebidas premium y que fabrica ya desde hace años en la ciudad las esencias para sus refrescos de la marca Indi. De momento esta actividad se ha venido realizando en las instalaciones de la destilería Pico, en la calle Cielo, con un notable éxito, y aunque el proyecto contempla mantener esta colaboración abre también una puerta a la creación de un proyecto más ambicioso en el citado cortijo, con la instalación de un laboratorio gastronómico, una huerta para los botánicos e incluso una sala de exposiciones sobre el proceso de destilación y la creación de las esencias.

Para que este proyecto y otros que nacen en el ámbito rural puedan hacerse realidad el Ayuntamiento dio en la tarde del miércoles el primer paso, al aprobarse en pleno dar luz verde a una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) permitirá la implantación de usos industriales de carácter agroalimentario en suelos no urbanizables y rústicos y en los edificios catalogados para esta actividad.

El proyecto conllevaría el derribo de instalaciones decretado hace años por el TSJA

Esta modificación, por tanto, no se ha llevado a pleno a petición de una empresa en concreto, según quiso aclarar ayer el aún concejal de Urbanismo, Antonio Fernández, sino que era una vieja demanda de muchos propietarios de fincas catalogadas (hay unos 45 cortijos censados en el término municipal) que pedían un mayor abanico de usos posibles para sus explotaciones, con la vista puesta, por ejemplo, en el turismo rural.

La importancia de esta modificación radica, según el responsable municipal, en la proyección de futuro que trae consigo, "ya que permitirá que las explotaciones agrícolas tengan mayor potencial y diversificación del trabajo en sus fincas, respetando siempre el entorno y el carácter agrícola de la actividad".

En el caso concreto del proyecto presentado por Casalbor, el acuerdo incluye la obligación por parte de la empresa de regularizar la situación de la finca, con el derribo de las instalaciones consideradas ilegales por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que decretó demoler la parte nueva levantada en su día por el empresario José Antonio López Esteras y que hoy se encuentra absolutamente abandonada y desmantelada.

El alcalde, David de la Encina, también valoró muy positivamente esta modificación del PGOU que hará más flexible la norma y permitirá el desarrollo del turismo etnográfico, un nicho de negocio que va al alza.

Ambos dirigentes municipales lamentaron que el PGOU aprobado en 2012 resulte tan rígido en algunos aspectos, de manera que ha habido que realizar ya varias modificaciones puntuales para adaptarlo a las necesidades de la ciudad, como en el caso de las actividades autorizadas en los diferentes polígonos industriales del municipio.