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Provincia de Cádiz

La ejecución de las depuradoras pendientes es "tarea del Gobierno"

  • La Junta afirma que las infraestructuras de saneamiento corresponden al Estado "porque lo dice la Ley, no es un acto de buenismo"

Un trabajador de la depuradora de Barbate, en una imagen del pasado mes de diciembre.

Un trabajador de la depuradora de Barbate, en una imagen del pasado mes de diciembre. / fito carreto

El delegado territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Ángel Acuña, ha replicado al delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, que la ejecución de las depuradoras pendientes en Barbate, San Roque, Sanlúcar, Trebujena y San Martín del Tesorillo "es una tarea que tiene que realizar el Estado no por un acto de buenismo o colaboración más o menos forzada por la ciudadanía o las circunstancias, sino simplemente porque lo dice la Ley".

Así lo ha indicado después de que el delegado del Gobierno y presidente provincial del PP de Cádiz, Antonio Sanz, destacase la inversión del Gobierno de España de 74,56 millones de euros para construir cinco depuradoras para el saneamiento y depuración de aguas residuales en la provincia.

El delegado de Medio Ambiente ha señalado en un comunicado que el anexo con el listado de inversiones del Plan Hidrológico Nacional, que data de 2001, incluye la ejecución de la infraestructura necesaria para el saneamiento y depuración en estas localidades como obras de interés general del Estado; y al respecto ha precisado que el Estatuto de Autonomía de Andalucía, con rango de Ley Orgánica, dice que la comunidad autónoma hará las depuradoras salvo precisamente aquellas catalogadas como de interés general del Estado.

Según reitera Acuña, la Ley 11/2005 que modifica el Plan Hidrológico Nacional dice en su artículo 36.3 que "las correspondientes leyes de presupuestos recogerán los compromisos de gasto adecuados y suficientes para hacer frente al citado plan de inversiones", de lo que se deduce que esa inversión del Estado debe ser un "imperativo" y "no algo graciable".

Por lo tanto, "el señor Sanz falta a la verdad porque la ejecución por parte del Gobierno central de esas depuradoras mencionadas es simple y llanamente el cumplimiento de la Ley por parte del Estado", ha afirmado.

Acuña ha dicho que "las declaraciones del señor Antonio Sanz son incomprensibles, ya que parece desconocer la Ley y, sobre todo, el trabajo y los acuerdos a los que llega su propio Gobierno", ha añadido el delegado de Medio Ambiente. En concreto, desde la Junta indican que fue el pasado día 19 de julio cuando el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, y la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, firmaron el protocolo de colaboración que define las líneas para el cumplimiento de la normativa europea sobre tratamiento de aguas residuales en Andalucía.

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