Cuando la mecha de la rabia y la indignación prendió a la ciudadanía en lo más crudo de la crisis, lo que durante décadas fue moneda común, colocar a un amiguete en la administración, empezó a censurarse con mano dura. La misma Justicia que hasta entonces no se tomaba muy en serio el cachondeo con tanto enchufismo y tanta prevaricación, empezó a rubricar sentencias sin anestesia a instancias de una fiscalía anticorrupción implacable. A muchos dirigentes les pilló con el paso cambiado y se vieron acorralados por delitos que nunca antes les preocuparon.

El código penal se reformó agravando las penas por malversación de fondos públicos en tiempo récord. El rigor punitivo llevó a imputar a casi dos mil cargos públicos en todo el país en pocos años, pero en la cárcel sólo han entrado unos 80. Nadie puede discutir que las sentencias han sido intachables en el caso del ex alcalde jerezano Pedro Pacheco, pero la sensación que flota en el ambiente es que no siempre se administra justicia atendiendo a los principios de proporcionalidad y equidad, lo que genera ciertos agravios. Pacheco hizo y deshizo a su antojo durante 24 años. En su mandato, quien no le pidió un favor estuvo a punto. Llegó a ser el alcalde más popular de España, pero por no saber olfatear el ambiente y dar un paso atrás, acabó en prisión por dos casos de enchufismo y malversación. Sin duda, se equivocó al no creer que esta vez la justicia iba en serio, algo que empeoró con una defensa tan kamikaze como altiva. Llegó a colocar a tanta gente -cuando le amparaba la Ley, en su condición de alcalde- que nunca creyó posible que por dos enchufes -esta vez, a las bravas, ya como teniente de alcalde- daría con sus huesos en la cárcel. Una vez condenado y después de más de tres años a la sombra, hoy su castigo parece excesivo a tenor de todos los pujoles que andan sueltos y los Baltares y los Fabras. Lo más terrible en su caso es que su pena parece eterna, lo que lleva a proyectarlo como alguien que quebrantó la confianza depositada en él, sin posibilidad alguna de redimirse para recuperarla. Al menos merecería una oportunidad, sobre todo a la vista de su edad.

Como tantos otros, Pacheco ha sufrido en sus carnes el efecto Fairy. Tras ser señalado por la Justicia, todo el mundo se apartó a su alrededor, como la grasa que huye despavorida de la gota del lavavajillas cuando cae en el plato. Hasta se ha llegado a decir que cayó como Al Capone, como si fuese un mafioso criminal. Un castigo no puede ser compasivo si pretende obtener resultados satisfactorios, pero la sociedad enfurecida no parece dispuesta, a priori, a perdonar sus pecados. Tampoco conviene olvidar que si la pena no es la adecuada se corre el riesgo de fracasar con su cometido. Negarle a Pacheco el tercer grado por considerarlo una persona peligrosa, cuando es imposible que reincida, es un disparate. Tratar de humillarlo, un atropello. Para más inri, están las odiosas comparaciones, por lo que es hasta razonable que los mismos que le señalaron con el pulgar hacia abajo, ahora duden de la eficacia de la Justicia. Son tantos y tan conocidos los enchufados en la Administración, que cuando ves a un jubilado encerrado durante más de mil días, mientras otros se divierten al amparo de su privilegiada posición, empiezan a flaquear las conciencias. El caso del ex consejero Luciano Alonso, sin ir más lejos, es bien distinto al de Pacheco, pero ha alimentado la confusión. El primero contaba con autoridad y presupuesto y siguió el procedimiento establecido para colocar a tres colaboradores en la Administración. Pero el ex alcalde jerezano, al perder el bastón de mando, también dejó de contar con el cuerpo de funcionarios que le ofrecía una armadura legal siguiendo las formalidades que son esenciales cuando se trata de dinero público. Dicho esto, entre la absolución del primero y la condena de Pacheco resulta natural que se dude de la equidad, ya que disfrutaría del tercer grado en otro contexto. Sus sentencias se ajustan a la Ley, pero antes de la crisis, cuando los jueces veían que al aplicar el código el resultado era desproporcionado, a menudo invocaban de alguna manera al Gobierno para que rebajara un grado la pena o bien aplicara un indulto parcial. Hoy no se atreven porque esta justicia nuestra tan pendular vive al dictado de lo políticamente correcto. A esto hay que unir que Pacheco no tiene padrino, sus casos pendientes y que no goza de la empatía necesaria para solicitar el tercer grado. Cada vez son más voces las que lo piden en su nombre. Y quizá este sentimiento responda a la caridad cristiana, al cinismo en el que vivimos inmersos, a la mala conciencia, o a que todos nos sentimos corresponsables de la locura colectiva que nos llevó a la ruina.