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Provincia de Cádiz

Tres detenidos por un fraude a la Seguridad Social de 945.000 euros

  • Hay 43 personas investigadas en varias provincias españolas y la Policía cifra el pufo en más de 15 millones

Agentes de Policía en el edificio de la Tesorería General de la Seguridad Social en Cádiz, en una imagen de archivo.

Agentes de Policía en el edificio de la Tesorería General de la Seguridad Social en Cádiz, en una imagen de archivo. / d.c.

Agentes de la Policía Nacional, en un operativo conjunto con la Tesorería General de la Seguridad Social, han destapado un fraude de 15.779.320 euros cometido por varias mercantiles en las provincias de Cádiz, Barcelona, Cáceres, Almería, Granada, Huelva, Las Palmas, Lugo, Madrid, Málaga, Navarra, Sevilla, Toledo y Valencia. Los agentes revisaron y analizaron 32 expedientes que afectaban a diferentes empresas y como consecuencia fueron investigadas 43 personas, de las cuales tres son de la provincia de Cádiz. Los detenidos gaditanos defraudaron supuestamente más de 945.000 euros.

Las investigaciones comenzaron a finales del año 2016, cuando fueron remitidos distintos escritos de denuncia por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social a la Sección de Investigación de la Seguridad Social de la Policía Nacional, junto con la diversa documentación solicitada por esta unidad policial. Los investigados han resultado ser principalmente los responsables de las mercantiles, pero también sus testaferros, algunos de ellos trabajadores que figuraban en connivencia o familiares de los primeros. En todos los casos se ha realizado un informe patrimonial de las personas implicadas con el fin de que la Tesorería General de la Seguridad Social pueda solicitar el embargo de aquellos bienes que considere oportuno o que el juzgado que lleve cada una de las causas pueda utilizarlos con el fin de cubrir las responsabilidades.

Entre los implicados hay empresarios, familiares de estos y también testaferros

Entre los arrestados hay un empresario que fue nombrado depositario de los bienes embargados por las deudas que mantenía con la TGSS, que superaban los 120.000 euros, los cuales estaban depositados en el establecimiento hostelero de su propiedad. Cuando se requirió al empresario la puesta a disposición de los bienes embargados, incumplió sus obligaciones como depositario obviando el requerimiento. Además, para evitar las responsabilidades penales decidió efectuar hasta tres denuncias ante la Policía en las que narraba una serie de hurtos y robos en su establecimiento y que coincidían con las fechas de las notificaciones de la TGSS.

Con el fin de eludir el pago de las cantidades adeudadas y frustrar las legítimas aspiraciones de cobro de la Tesorería, las empresas defraudadoras utilizaron diferentes procedimientos. Entre esos métodos figuraba la creación sucesiva de sociedades mercantiles a las que se iba transfiriendo la actividad que venía desarrollando la deudora, así como los elementos patrimoniales de aquella.

En otras ocasiones, mediante el denominado 'grupo de empresas' se constituía una sociedad principal que ostentaba el patrimonio junto a otras -descapitalizadas- que complementaban la actividad de aquella, existiendo pues un ánimo defraudatorio, ya que estas últimas entidades que figuraban formalmente con personalidad jurídica independiente, en su actuación y actividades reales eran una única entidad.

La creación de entramados empresariales en los que la actividad aparecía en una u otra mercantil según conviniese fue otro de los sistemas empleados en este fraude. Para ello se establecían unas empresas patrimoniales que ostentaban el patrimonio del grupo y eran las titulares de los derechos de crédito de la actividad, pero no de las deudas generadas por otras empresas del grupo que carecían de cualquier tipo de patrimonio realizable, existiendo entre las mercantiles deudoras y las descapitalizadas relaciones opacas.

Asimismo, las sucesivas transmisiones de la titularidad de los bienes que pasaban de una razón social a otra -o incluso a empresarios individuales- fueron igualmente utilizadas para defraudar. También se llegaron a ocultar bienes a los organismos competentes de la Tesorería General de la Seguridad Social con la finalidad de eludir el pago de la deuda generada y entorpecer la labor recaudatoria de la TGSS.

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