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El desalojo de ocho familias en Sanlúcar reaviva el movimiento de las Corralas de la Dignidad

  • Los afectados y la plataforma se manifiestan en el Ayuntamiento con el respaldo de IU, Podemos y el SAT

El desalojo de ocho familias reaviva el movimiento de las corralas en Sanlúcar

El desalojo de ocho familias okupas de otras tantas viviendas de Monteolivete que se produjo el pasado miércoles motivó una protesta de los afectados ayer por la mañana en el Palacio Municipal con el respaldo de las Corralas de la Dignidad, IU, Podemos y el SAT.

Al término del minuto de silencio convocado por el Consistorio en recuerdo de las víctimas del atentado de Londres, un grupo de vecinos mostraron sus quejas al Gobierno municipal del PSOE por el citado desalojo, en el que intervinieron casi una veintena de agentes de la Policía Nacional, la mayoría de ellos antidisturbios, sin que se registraran incidentes porque los afectados no opusieron resistencia. Algunas de las familias en cuestión llevaban cuatro años ocupando esas viviendas, situadas en la calle José Rodríguez del Moral.

Durante más de media hora, los okupas organizados en torno al movimiento local de las corralas protestaron con gritos reclamando ayuda al Gobierno local para las familias desalojadas, además de realizar declaraciones a los medios de comunicación quejándose de "la falta de viviendas sociales y de políticas de empleo" en la ciudad "desde hace muchos años".

La portavoz de IU, Carmen Álvarez, censuró que fue un desalojo "por sorpresa, sin ninguna notificación judicial" ante la "inacción" del Gobierno local para evitarlo. Lamentó que a las familias que han aceptado la estancia en un "albergue público" de El Puerto como "alternativa a dormir a la calle" -tres de las ocho- "el Ayuntamiento ni siquiera les ha pagado el billete del autobús" para desplazarse hasta la ciudad vecina. Demandó un "protocolo de actuación en Sanlúcar para estos casos de emergencia social".

En similares términos se expresó el portavoz de Podemos, David Rodríguez Alhambra, que criticó la "enorme dejadez" del Gobierno local ante esta problemática. Rolan Muñoz, del SAT, censuró la "actitud despótica y fascista" del equipo de Gobierno.

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