Cinco denunciados, ningún político. La segunda denuncia de la Fiscalía tras el examen de la documentación entregada por Pilar Sánchez en Anticorrupción llegó ayer a los juzgados de Jerez y no habrá ninguna más relacionada con este asunto. La primera denuncia, como se recuerda, fue el pago por trabajos no realizados de Pedro Pacheco a dos asesores suyos, José López y Manuel Cobacho. La segunda tiene un contenido de aún menor calado, ya que lo que tendrá que ver el juez es si los representantes de tres empresas vinculadas a Jerecom se confabularon con dos técnicos de la ya extinta Gerencia Municipal de Urbanismo para intentar cobrar dos veces el mismo trabajo o, simplemente, cobrar por obras que nunca realizaron. El montante de estas irregularidades, detectadas por el interventor (por lo que la denuncia es de un delito en grado de tentativa) apenas supera los 90.000 euros, 15 millones de las antiguas pesetas. Todo ello se produjo en un periodo muy pequeño de tiempo: los tres primeros meses de 2007. Muy poco, realmente, para todo el revuelo levantado.

Detrás de esta denuncia no habrá ninguna más relacionada con este caso. Fuentes de la Fiscalía confirmaron ayer que se da por concluido el trabajo sobre lo que en un principio parecía, a tenor de algunas declaraciones políticas, de una mayor entidad. El juez del caso, que será el mismo que el que lleve la denuncia por las contrataciones de Pedro Pacheco, llamará a declarar a los cinco denunciados en próximas fechas.

Antonio Sánchez, el ex edil del PSA cuyo nombre figuraba en la redacción de la denuncia hasta última hora por estar su firma estampada en las facturas (era el delegado de las zonas Norte y Sur) mostró ayer su satisfacción porque “mi nombre queda limpio y es una pena que por intereses políticos se haya querido poner en duda mi honestidad. He trabajado siempre con honradez, como queda demostrado”. La Fiscalía comprobó que la firma de Sánchez era una mera formalidad en obras de muy pequeño valor y que el control de  las mismas tenía una supervisión técnica. Técnicos municipales consultados hace días por este medio, y que no están relacionados con este caso, consideraron que no existe trama alguna en el intento de cobro de estas facturas, sino más bien un error administrativo, como lo demuestra que el interventor descubriera el fallo y no diera curso al pago de estas obras.