La actual titular del Juzgado Único de Ubrique, Raquel López-Vizcaíno, acaba de decidir dejar fuera del caso del supuesto cobro de comisiones en el Ayuntamiento de Grazalema que depararon las obras del desvío del río, a la alcaldesa de la localidad, la socialista María José Lara Mateos.

La magistrada decide sobreseer las actuaciones también contra las otras dos ediles del mismo partido que como Lara Mateos, habían sido imputadas en un caso iniciado hace ya seis años, en el que se aprecian delitos de cohecho, prevaricación, negociaciones prohibidas a los funcionarios y contra la ordenación del territorio. No obstante, la juez decide mantener como imputado al cuarto político del PSOE encartado, el ex regidor y tío de la alcaldesa, Antonio Mateos Salguero.

Con ello, la magistrada admite ahora parcialmente los recursos interpuestos por los cuatro munícipes socialistas hace ya más de un año, así como también por la propia Fiscalía, al considerar que no había indicios punibles contra los cuatro políticos. Unos recursos que se dirigían contra el auto de abril de 2011 en el que la anterior juez titular finalizó la instrucción imputando, además de a estos cuatro políticos, a seis personas más: el principal encartado, el exarquitecto municipal de Grazalema Juan Prieto; el contratista y los promotores de la obra que supuso el desvío del cauce del río en pleno caso grazalemeño, Cristóbal David Barrera, y Raúl Gascón y Rafael Torres, así como el arquitecto de Ubrique Antonio del Canto y el ingeniero industrial de esa misma localidad, José Antonio Martínez.

El caso arrancó en 2006, a raíz del escándalo destapado con las obras de una promoción de viviendas que comenzó a cimentarse sobre el cauce primitivo del Guadalete. Esto provocó que el contratista y los dos profesionales de Ubrique se reunieran en el Ayuntamiento con la alcaldesa, a la que denunciaron que el entonces arquitecto municipal Juan Prieto cobraba comisiones por la realización de obras irregulares. Lara Mateos dio cuenta de esa reunión a la Fiscalía, que ordenó a la Guardia Civil investigar, dando paso a la Operación Pinsapar que deparó, en primera instancia, la detención de Prieto y del contratista y promotores del río, y terminó provocando la imputación del anterior alcalde, y después, de su sobrina y las otras dos ediles.

En el auto que deja fuera a la alcaldesa y las dos concejalas, la juez señala que el cobro de comisiones por el arquitecto municipal "destapó una trama de irregularidades en el Ayuntamiento que, durante años, y al amparo de una flexibilidad en los controles, llevaron a realizar construcciones ilegales llegando a alterar el curso del río Guadalete". Y prosigue que la existencia de un socavón (provocado por el desvío del río) en una promoción de viviendas dio lugar a la adopción de medidas para determinar el origen del mismo, "descubriendo cómo el arquitecto Juan Prieto había autorizado sin control obras que vulneraban a todas luces la legislación urbanística en connivencia con determinados constructores y promotores a los que cobraba comisiones para que obtuvieran las licencias correspondientes".

Así las cosas, se trata de determinar, explica la juez, si los recurrentes tenían conocimiento de esta situación con anterioridad a la denuncia de la Fiscalía. Y revisando la documentación obrante en la causa, la magistrada concluye que la única prueba inculpatoria contra Lara Mateos, Ramírez y Gómez es la declaración de Juan Prieto. Es el exarquitecto el que, anota la magistrada, "manifiesta que la Corporación de Gobierno del Ayuntamiento lo amparaba en todas sus actuaciones. Sin embargo, no hay constancia de ello, al menos de forma documentada, pudiendo deberse las inculpaciones de Juan Prieto a un ánimo revanchista o de 'sálvese quien pueda', repartiendo responsabilidades con la finalidad de eludir las propias".

La juez Barrera, en cambio, considera que, como se sostiene desde Ecologistas en Acción, personado en la causa, el exalcalde Antonio Mateos "sí era conocedor de tales irregularidades". De ahí que decida mantenerlo como imputado porque "haciendo dejación de sus obligaciones, Mateos permitió la continuación de las irregularidades que se venían cometiendo pese a las continuas advertencias de Ecologistas, incurriendo así en un delito contra la administración pública en su modalidad de prevaricación".