Los guardias civiles de Arcos de la Frontera tienen el enemigo en casa, pero no se trata de ningún delincuente. Muros apuntalados, grietas en los dinteles de las puertas, zócalos inexistentes y fisuras amenazantes en paredes y suelos están poniendo en serio peligro la seguridad de los agentes y de los propios ciudadanos, según ha denunciado a este periódico la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC). La situación es tal que a una agente le cayó un trozo de cornisa en el hombro que pudo haberle causado lesiones.

Ante este panorama, los cuarenta agentes sufridores tienen previsto manifestarse mañana a las once ante las puertas del acuartelamiento, estrenando casi, el "privilegio" que les otorga la reciente Ley de Derechos y Deberes del Guardia Civil: manifestarse siempre que no sea de uniforme ni haya connotaciones políticas. Junto a familiares y amigos, protestarán por el lamentable estado de este edificio, el de mayor dotación de la comarca y el segundo más representativo del Instituto Armado en la Sierra, después de las flamantes y espaciosas dependencias de la Compañía en Villamartín, con una plantilla, sin embargo, mucho menor.

El colectivo de guardias civiles asegura que el alarmante deterioro del inmueble se debe a las deficiencias estructurales que padece desde el año 2006.

Algunas de las grietas que aparecieron en pavimentos, muros y tabiques alcanzan ya una anchura de unos tres o cuatro centímetros. Otras son incluso mayores, de manera que hasta se desprenden escombros de grandes dimensiones que, al caer, pueden ocasionar lesiones graves. De todo ello, los agentes de la unidad han dado cumplido parte a la Dirección General de la Guardia Civil, de quien depende el mantenimiento de los acuartelamientos, así como a la Comandancia de Cádiz, que dispone de cierto presupuesto para ejecutar obras de emergencia. El edificio fue construido en 1990 y entregado al Instituto Armado dos años después. Aunque no dispone de pabellones, es decir, de viviendas, en su interior se aloja habitualmente un agente.

Las reivindicaciones de la AUGC se basan en los derechos que recoge el Real Decreto 179/2005 sobre Prevención de Riesgos Laborales en la Guardia Civil. Hasta el momento, los agentes no han recibido ningún tipo de información por parte de sus superiores. Ni tampoco les han aclarado, por el momento, si existe o no una declaración oficial de riesgos para personas o bienes, "máxime cuando en el acuartelamiento hay una constante entrada y salida de ciudadanos al objeto de tramitar sus correspondientes denuncias", señaló un portavoz del colectivo.

Dos años después de que arrancasen las reivindicaciones de mejora, el único síntoma de que el creciente malestar ha llegado a oídos de algunos mandos superiores es la visita -oficiosa- al acuartelamiento del encargado de una constructora que dijo estar allí para elaborar un presupuesto, aseguraron fuentes del sindicato policial.

La AUGC se pregunta si el anterior real decreto, basado en la Ley 31/1995 sobre Prevención de Riesgos Laborales, "se redactó y aprobó con la intención de garantizar la seguridad laboral de los agentes de la Guardia Civil o sólo se trata de una norma cuyo fin es quedar bien, sin que haya una verdadera intención de llevarla a cabo por parte de los superiores".

El colectivo ya puso de manifiesto el alarmante deterioro del acuartelamiento de Arcos en el Informe sobre seguridad ciudadana en la provincia de Cádiz, documento que están presentando ante los candidatos de todas las formaciones políticas a las próximas elecciones autonómicas y generales.