"En el Ayuntamiento de El Puerto hay un hatajo de sinvergüenzas metidos, los que estaban y los que están". Manuel Florido Romero no cabe en sí de la indignación. Se acaba de enterar que el Juzgado de lo Penal 4 de Cádiz le ha condenado como autor responsable de un delito contra la ordenación del territorio a diez meses y quince días de prisión por haber construido una vivienda sin licencia municipal en terrenos clasificados en el Plan General de El Puerto como no urbanizables.

Este vecino de El Puerto reconoce sin ambages que se construyó una vivienda ilegal. Mecánico de profesión, un accidente le provocó una invalidez por la que percibe una pensión desde el año 94. Decidió juntar el dinero que percibió por su invalidez con el que logró por la venta de la que hasta entonces era su vivienda, para hacerse una casa en el diseminado de Buenavista, junto a la carretera del canal del Casino. Pero su sorpresa fue mayúscula cuando, entre el cerca de centenar de casas que casi al mismo tiempo se edificaban en esa zona durante el pasado mandato, en el que gobernaban los Independientes Portuenses del ex alcalde Hernán Díaz, tan sólo fue denunciado él.

"En Buenavista hay 98 viviendas y sólo ha sido denunciada la mía. Había empezado yo a echar la subbase para levantar la casa y vino personal de Serecop (al cargo de vigilar las edificaciones ilegales) mandado por Urbanismo para levantar acta. Yo les dije que por qué a mi y no al que estaba a mi espalda, que me había vendido la parcela, o al que construía a mi izquierda o a las seis casas que promovían al lado chiclaneros. Y dijeron que solamente tenían órdenes contra mí".

Lo increíble del asunto es que siguió haciendo la casa sin problemas. Y no fue hasta que ya había terminado de edificar cuando recibió la orden de paralización. Y más increíble aún: le concedieron los suministros básicos. La luz, gracias a una petición que el ex alcalde realizó a Sevillana, y el agua, merced a un certificado de Serecop requerido por el ex edil de Urbanismo, Juan Carlos Rodríguez. Y le hicieron darse de alta en el padrón del IBI, empezando a pagar el impuesto municipal.

Ya viviendo allí, le llegó la orden de derribo decretada por Urbanismo. Y los responsables municipales terminaron denunciándole en el Juzgado. Al juicio acudió el ex edil de Urbanismo, quien, según la versión de este vecino, "dijo no saber nada".

Su historia es muy similar a la de vecinos del también portuense Pinar de Coig, a los que también les dejaron hacer casas y luego ex ediles de IP les gestionaron los suministros para terminar denunciándoles en el Juzgado, para no ser incriminados por no haber evitado las construcciones ilegales. A Manuel, para colmo, le han embargado la casa que el Juzgado le ordena ahora derribar al no poder hacer frente a las multas coercitivas que le han terminado imponiendo por construcción ilegal, que suman ya 43.000 euros.