Las dos oficinas del Servicio de Atención a las Víctimas en Andalucía (SAVA) de la provincia de Cádiz, ubicadas en la capital gaditana y en Algeciras, incrementaron el año pasado en un 15% el número de personas que se beneficiaron de su labor gratuita respecto al año anterior. Un 30% de las víctimas atendidas acudieron al SAVA en relación con asuntos y delitos de violencia de género.

Los datos fueron aportados ayer por el secretario general para la Justicia, Eugenio Pizarro, y el director general de Justicia Juvenil y Cooperación, Francisco Muñoz, durante su visita al Punto de encuentro Familiar y a la oficina del SAVA de Cádiz.

Durante el recorrido por las instalaciones explicaron que el SAVA llevó a cabo durante el pasado año en la ciudad de Cádiz 3.568 actuaciones de carácter general, asesoramiento jurídico, atención psicológica y asistencia social. De esas prestaciones se beneficiaron en 924 personas, que accedieron a un recurso completamente gratuito ubicado en las sedes judiciales, donde se ofrece un servicio público que facilita apoyo jurídico, social y psicológico a las víctimas de delitos que lo requieran.

En Algeciras, un equipo formado por tres personas llevó a cabo durante el pasado año 2.191 actuaciones de las que se beneficiaron 691 personas.

El director general de Justicia Juvenil explicó que el objetivo fundamental de este servicio de la Consejería de Justicia e Interior es ofrecer una respuesta especializada e integral a las necesidades específicas de las víctimas de delitos en todos los ámbitos, mediante una intervención de carácter interdisciplinar. Para ello, cada oficina del SAVA cuenta en la ciudad de Cádiz con un equipo técnico especializado de tres personas integrado por psicólogos, juristas y trabajadores sociales.

El director general agradeció a los profesionales del SAVA su labor y ha puesto de relieve "la importancia que tiene para las víctimas esta atención integral en todos los ámbitos". Una vez que una víctima acude al servicio, señaló, sus responsables la atienden en cada uno de los procedimientos judiciales en los que se puede ver inmersa. En primer lugar, en el proceso judicial propiamente dicho. Pero también le informan sobre sus derechos y sobre la posibilidad de acceder a la justicia gratuita, al tiempo que en las entrevistas se detectan las posibilidades necesidades psicológicas y sociales (ayudas económicas, habitacionales...).

"Las víctimas no están acostumbradas a lidiar con estas situaciones. Por eso es frecuente que la intervención de estos profesionales sea acompañarlas en todos los momentos del proceso. Son personas que hablan su mismo lenguaje, que les traducen el significado de los procedimientos judiciales y que les ayudan a poder obtener los recursos a su disposición", comentó Muñoz.

En el caso de los usuarios tratados en el SAVA por delitos de violencia de género, también se les ofrece información sobre la posibilidad de gestionar órdenes de protección y sobre todos los recursos disponibles para este tipo de víctimas.