El robo de 7,8 millones de euros de la caja de efectivo de las oficinas municipales de Hacienda, descubierto y denunciado hace casi ocho años, arrastró ayer hasta los Juzgados isleños a los dos funcionarios de mayor rango en materia económica que tiene el Ayuntamiento: el interventor y la tesorera. Ambos -José Antonio López Fernández y María de las Virtudes Gómez Montero- tuvieron que declarar en calidad de investigados ante la jueza que instruye la causa penal, que considera que en la reiterada falta de control -que permitió el desfalco millonario de las arcas municipales durante varios años- hay indicios de una posible conducta "dolosa". Así lo sostiene desde el auto judicial que dictó el 20 de julio de 2015 y que la Audiencia Provincial -tras el recurso presentado por el fiscal, que no compartía estos argumentos- confirmó el pasado verano al advertir también de "una omisión dolosa que debe ser investigada" e insistiendo así en la implicación de ambos funcionarios en la causa penal.

Así que finalmente el interventor y la tesorera -paradójicamente los mismos responsables municipales que hace ocho años denunciaron a la Policía la desaparición del dinero al detectar su falta en las oficinas de Hacienda- acudieron ayer a la sede judicial isleña para que se les tomara declaración en calidad de investigados, situación procesal que no se ha visto modificada y que ambos, hasta el momento, mantienen en la instrucción del desfalco.

La declaración de ambos funcionarios, que acudieron juntos al Juzgado, insistió en cuestiones ya conocidas acerca del funcionamiento de la caja de efectivo del Ayuntamiento durante la etapa en la que se produjo el robo y en las razones por las que la falta de dinero resultaba imperceptible al quedar camuflada por el notorio retraso que en aquellos momentos arrastraba la contabilidad municipal.

Cabe recordar, en este sentido, que los principales sospechosos del desfalco continúan siendo los funcionarios que estaban al frente de la caja, Clemente Ruiz y María José Lebrero. El primero de ellos, de hecho, estuvo hasta julio de 2011 en prisión provisional y ha sido el objetivo principal de las investigaciones policiales llevadas a cabo. Y el Tribunal de Cuentas -en el proceso contable que se ha resuelto ya- les considera responsables directos del alcance detectado en las arcas municipales.

La instrucción de la causa, que se prolonga desde hace casi ocho años, sigue a la espera de la comisión rogatoria librada para que presten declaración los integrantes del clan familiar de origen marroquí que se vincula al citado cajero -con el que tenía amistades y negocios- y que la Fiscalía relaciona con una supuesta trama dedicada al blanqueo del dinero que a diario salía del Ayuntamiento.