La apertura de la Oficina Integral encargada del desarrollo de las Áreas de Gestión Básica, prevista en principio para el pasado mes de septiembre, va a ser aplazada, definitivamente, hasta el próximo año. Salvo cambios de última hora, y según ha podido saber este Diario, esta decisión quedará rubricada mañana, miércoles, en el transcurso de la reunión que tienen previsto mantener el delegado municipal de Urbanismo, José Pedro Butrón, y el máximo responsable de la empresa adjudicataria, el urbanista Manuel Ángel González Fustegueras. La última fecha prevista para su puesta en marcha era la del próximo día 14 del presente mes.

La decisión, que aún no tiene carácter oficial, estaría motivada por el hecho de que actualmente es imposible poder ofrecer a los ciudadanos actuaciones concretas en materia de regularización, ya que de momento no ha sido aprobado ni tan siquiera el Plan Director de Infraestructuras, un documento esencial para el desarrollo de este proceso.

El citado documento contiene las bases para el futuro desarrollo urbanístico de los 18 millones de metros cuadrados que componen las nueve Áreas de Gestión Básica, incluyendo desde las necesidades de infraestructura de cada zona hasta la forma en la que van a ser desarrolladas.

El hecho de que el Plan Director de Infraestructuras no esté aprobado no es, sin embargo, el único obstáculo para que inicie su andadura la Oficina Integral de regularización. Según ha podido saber este Diario, los conceptos básicos de la empresa adjudicataria presentan notables diferencias con los criterios que mantienen los técnicos municipales. Así, mientras la UTE Chiclana Gestión Básica ha apostado por desarrollar urbanísticamente la localidad en una dirección, desde el Ayuntamiento se estima que las prioridades son otras muy distintas. Todo esto lleva a pensar que al final imperará la lógica política y que las directrices serán marcadas por los técnicos municipales, aunque el desarrollo de las Áreas de Gestión Básica siga dependiendo de la empresa adjudicataria.

En cualquier caso, este nuevo aplazamiento de la puesta en marcha de la Oficina Integral va a suponer también un importante retraso en el inicio del proceso de regularización de viviendas, una iniciativa que va a afectar directamente a casi quince mil propietarios y que va a suponer la creación de las infraestructuras básicas de saneamiento y electricidad, además de la urbanización de 18 millones de metros cuadrados.