La intrincada maraña judicial del caso Escalinata sigue desenredándose. Llega un paso clave en la causa penal abierta en el año 2004 por la construcción ilegal del aparcamiento en Algeciras: el juez ha señalado para primeros de junio el juicio que sentará en el banquillo a los ex alcaldes socialistas Tomás Herrera y Juan Antonio Palacios, al ex concejal andalucista José Luis Ortega y al arquitecto municipal Arsenio Pacios.

El fiscal atribuye en su escrito de acusación (presentado en enero de 2016) delitos de prevaricación continuada por autoría directa a Palacios, Herrera y Ortega, mientras que acusa al arquitecto de delitos de prevaricación continuada por autoría por cooperación necesaria y de falsedad documental. Y pide para los tres primeros una pena de 10 años de inhabilitación especial para cualquier tipo de empleo o cargo público y para el segundo 5 años de prisión, otros 15 de inhabilitación especial y multa de 24 meses a razón de 10 euros al día. También una indemnización conjunta de 1,55 millones de euros, de la que respondería de forma subsidiaria el Ayuntamiento de Algeciras.

El caso parte del año 2000, cuando el Ayuntamiento de Algeciras aprobó en pleno la construcción de cuatro aparcamientos subterráneos, incluyendo el Escalinata, aunque este era notoriamente un edificio de varias plantas. Pese a ello, se tramitó en todo momento como subterráneo y contando con informes favorables. Las obras se iniciaron no solo sin tener licencia, sino sin haberla solicitado siquiera. Y después, por "común acuerdo" de Arsenio Pacios y José Luis Ortega, prosigue el escrito de acusación, dieron vía libre a la construcción del edificio "saltándose cualquier atisbo de legalidad y poniendo en grave riesgo a los edificios vecinos e incluso la vida de las personas que los habitaban".

Nada más resolverse el concurso del parking, Pacios informó favorablemente una modificación del proyecto para ganar un 60% más de plazas, lo que obligó a excavar un volumen 5 veces superior al previsto. El edificio Escalinata en 2004 sufrió una importante sacudida y sus ocupantes tuvieron que ser desalojados. Las obras continuaron pese a faltarles varios estudios necesarios .

Además, el entonces alcalde, Juan Antonio Palacios, firmó con la comunidad de vecinos un acuerdo que garantizaba el pago por parte de la constructora Nautagest de una cantidad mensual pero "se negaron a abonar las cantidades acordadas". También considera el fiscal que Palacios se "ensañó" con los vecinos ya que dictó un decreto en el que exigía que los vecinos autorepararan los daños, pericialmente tasados en 1,5 millones.