El Colegio de Abogados de Cádiz ha acordado en su última junta de gobierno requerir a la Junta de Andalucía que abone los servicios de asistencia jurídica de extranjería de 2009 y de lo que va de 2010. Confía en que esta demanda surta efecto, si no, se plantea dejar de prestar este servicio.

El portavoz de la delegación de Algeciras, Alberto Pérez, aclaró ayer que no se ha fijado un plazo concreto, aunque sí se va a valorar la respuesta de la administración andaluza. El Consejo Andaluz de Colegios de Abogados y el consejero de Gobernación y de Justicia, Luis Pizarro, acordaron a finales de abril formar una comisión mixta para abordar diversos asuntos y los letrados de Algeciras verán, sobre el mes de junio, si hay algo concreto que les convenza. En caso contrario, pasarán a la práctica y tomarán medidas como no atender los casos de extranjería.

Pérez explicó que no puede ser que los defensores se hagan cargo de los procesos a costa de sus bolsillos, ya que tienen que invertir dinero en transporte, tiempo y esfuerzo. La delegación algecireña sabe cuánto tiempo se adeuda, pero no puede especificar de manera concreta la cuantía debido a que aún no se ha aprobado la modificación de la Orden de 9 de marzo en la que se regulan los módulos y bases de compensación económica de los servicios de asistencia jurídica en el turno de oficio. Estima que las asistencias de 2009 en 120.000 euros y recuerda que la modificación de la orden no implica demasiada complejidad burocrática y que los casos de patera cada vez se dan con menos frecuencia por esta zona, aunque las extranjerías no sólo es la patera con inmigrantes.

Los 180 letrados que forman parte del turno de oficio del partido judicial de Algeciras (Algeciras, Tarifa y Los Barrios) son los más afectados de la provincia por estas deudas. El año pasado sumaron 1.300 asistencias a inmigrantes, frente a las 193 de Cádiz.

El Consejo Andaluz de Colegios de Abogados trasladó al consejero de Gobernación y Justicia, Luis Pizarro, la necesidad de que los recortes económicos previstos por la Junta no afecten al servicio de Justicia gratuita. Pizarro les trasladó la tranquilidad de que se seguirá defendiendo que tiene que ser un servicio gratuito. "No se quiere privatizarlo ni externalizarlo". Se estudió la opción de aplicar un reglamento consensuado en breve que incluya las extranjerías.