Urbanismo y PSOE no alcanzan un acuerdo sobre el Plan Director de Infraestructuras

  • Los vecinos de la zona de la Rana Verde, dispuestos a movilizarse por el costo de la regularización

La reunión que mantuvieron ayer Urbanismo y PSOE se cerró sin acuerdo alguno y sin nueva fecha de encuentro. A pesar de ello, el delegado municipal de Urbanismo, José Pedro Butrón, aseguró ayer a este Diario que su intención es "aprobar el Plan Director de Infraestructuras a lo largo del mes de junio", lo que permitiría iniciar el proceso de regularización en septiembre, aproximadamente. Butrón ha insistido en las últimas semanas, sin embargo, el que el Plan Director se aprobará "con el consenso de todos los grupos, aunque sea preciso celebrar más reuniones".

Por su parte, la edil socialista Cándida Verdier, presente en la reunión junto con el portavoz municipal del PSOE, José María Román, aseguró que su formación va a "exigir que cumplan con las promesas electorales de que los ciudadanos iban a pagar un tercio o, cuando menos, no todo. Hemos preguntado si esta posibilidad se contemplaba en el Plan Director y nos han dicho que no, que los ciudadanos deberán pagar íntegramente el importe. Por nuestra parte, entendemos que Marín y Butrón han engañado a los ciudadanos".

Precisamente los ciudadanos ya están comenzando a posicionarse en contra del proceso de regularización por las condiciones que se exigen en el Plan Director de Infraestructuras, donde se indica que deberán abonar la totalidad del importe antes del inicio de las obras.

De momento, las asociaciones vecinales y comunidades de propietarios del Área de Gestión Básica La Cerradura, el Pinar de los Guisos, Cotín-2 El Fresno y Aguacate, que agrupa a unas 500 familias, han calificado de "injusticia y atropello" las condiciones del proceso de regularización, ya que entienden que los costes planificados "superan todas las expectativas".

El colectivo vecinal, que tiene previsto celebrar una asamblea para informar al resto de asociaciones y comunidades, no descarta adoptar medidas de presión que "pasarán desde manifestaciones a acudir a la intervención del Defensor del Pueblo Andaluz o incluso de la Justicia ordinaria", según manifiestan.

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