La situación de incertidumbre que se vive en la comarca del Campo de Gibraltar ha sido protagonista en el Pleno ordinario del mes de mayo de la Diputación de Cádiz debido a cuestiones como las consecuencias de la salida del Reino Unido de la Unión Europea o la necesidad de incrementar el personal en el puesto de inspección fronteriza del Puerto de Algeciras.

Fue el vicepresidente primero de la institución provincial, el socialista Juan Carlos Ruiz Boix, quien expuso la necesidad de que los gobiernos de España y Andalucía adquieran compromisos para garantizar la atención sanitaria a la población británica residente en Andalucía tras dicho Brexit; que se conceda un tratamiento fiscal especial en la zona que permita la llega de inversiones que compensen la previsible pérdida de poder adquisitivo; que se promueva un plan especial de bonificaciones para las personas que pierdan su empleo en Gibraltar a causa de este proceso; que se garantice el desarrollo de infraestructuras necesarias para el desarrollo económico de la comarca; que se ponga en marcha un plan especial de empleo; o que los trabajadores españoles que continúen trabajando en el Peñón tras el Brexit no se vean perjudicados por los controles de documentación para acceder al territorio. Esta propuesta fue aprobada por unanimidad de todos los grupos de la Corporación.

El PSOE también defendió la necesidad de potenciar el principal puerto del país, como es el de Algeciras. Para ello, Ruiz Boix pidió apoyo para instar al Gobierno de España a agilizar las labores del puesto de inspección fronteriza del Puerto de Algeciras mediante "un refuerzo inmediato del personal", con el fin de mejorar los tiempos de tránsito de mercancías en el mismo. Este punto salió adelante con la única abstención del PP.

La diputada Isabel Moreno defendió la moción del PSOE encaminada a solicitar al Gobierno de España a rechazar las propuestas de la reforma de la Política Agraria Común (PAC) planteadas para el Marco 2021-2027 por la Comisión Europea, por entenderlas como lesivas para este sector fundamental para la economía andaluza y de la provincia de Cádiz en particular. Fue aprobada por unanimidad.

También el grupo socialista propuso que el Gobierno de España negocie un plan de gestión que permita a la flota del Golfo de Cádiz faenar desde mayo hasta finales de junio, además de prever en los Presupuestos Generales del Estado de 2018 ayudas por la pérdida de posibilidad de pesca de la sardina. Fue aprobada con la abstención del Partido Popular y el voto favorable del resto de grupos.

Como propuesta de urgencia del equipo de Gobierno se aprobó un reconocimiento extrajudicial de crédito que permite el pago de 566 facturas pendientes por un valor total de algo más de 456.000 euros.

La portavoz del grupo andalucista, Maribel Peinado, solicitó apoyo al resto de grupos para pedir al Gobierno de España la desafectación del terrenos ocupados para usos militares en la Sierra del Retín, así como que se dé una compensación económica al municipio de Barbate de 14 millones de euros anuales, como ya se hace con Bárdenas Reales, en Navarra, mientras esa desafectación no se lleve a cabo. La moción fue aprobada. Lo mismo sucedió con otra propuesta andalucista para instar al Gobierno central a que ejecute las obras necesarias en la rotonda de la zona de la Casa de Postas, en Conil, y la que solicita a la Junta de Andalucía a proceder al desdoble de la carretera Arcos-Antequera A-384.

El PP presentó una propuesta para mantener vivo el recuerdo de las víctimas de ETA y la lucha porque se juzgue a los miembros de la banda una vez que la misma ha anunciado su disolución, con medidas como el mantenimiento del Pacto Antiterrorista. La moción salió adelante con el apoyo de PA, IU y PSOE, con una matización por parte del vicepresidente Juan Carlos Ruiz Boix sobre la conveniencia de que nadie abandere lo que es "una victoria de la democracia".

Se aprobó por unanimidad también la propuesta del Partido Popular para instar al Servicio Andaluz de Salud a que se exija a los hospitales que tiene concertados en la provincia el Grupo Pascual a que sean matronas quienes realicen la atención a la mujer en el proceso de atención al embarazo, el parto y el puerperio. También hubo apoyo de todos los grupos a la propuesta popular de instar a la Junta a adoptar medidas para la conservación y seguridad de los yacimientos de Gibalbín, en el municipio de Jerez.

A propuesta de Izquierda Unida se aprobó instar al Gobierno a establecer un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Castellar de la Frontera para poner en marcha proyectos de fomento de turismo activo y sostenible en la Finca La Almoraima, con el objetivo de activar la economía local y, por ende, del Campo de Gibraltar. También fue el diputado de IU, Antonio Alba, quien defendió una moción de apoyo al colectivo de las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio. La misma fue apoyada por todos los grupos, aunque desde el equipo de Gobierno se recordó que la Diputación está haciendo un importante esfuerzo presupuestario para garantizar la prestación del servicio en las mejores condiciones en el conjunto de la provincia de Cádiz. Por último, de IU también partió la propuesta para declarar 'persona non grata' a cada uno de los cinco integrantes de 'la manada', condenados por la Audiencia de Pamplona por abuso sexual, con el apoyo de todos los grupos excepto el PP, que se abstuvo.

Desde Ganemos Jerez se solicitó el apoyo del Pleno a una moción para solicitar a los órganos de dirección de la Universidad de Cádiz que desistan de su decisión de trasladar los estudios de Trabajo Social del Campus de Jerez al de Cádiz. La propuesta fue aprobada con los votos favorables de Ganemos, Partido Andalucista y PSOE, absteniéndose IU y PP y estando ausente en el momento de la votación el portavoz de Sí se puede Cádiz.

José María González defendió la propuesta de Sí se puede Cádiz para tomar medidas contra el uso de herbicidas contaminantes, consiguiendo el apoyo de IU y Ganemos Jerez y absteniéndose el resto de grupos, por lo que la moción fue aprobada.