La larga historia de la pesca española, y en menor medida europea, en aguas del Sahara Occidental en manos de Marruecos toca probablemente a su fin. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea publicada este martes deja claro que el tratado pesquero entre Bruselas y Marruecos no es aplicable a las aguas de esa antigua colonia española de donde procede el grueso de las capturas que se efectúan gracias a ese acuerdo.

El tribunal sentenció que el tratado pesquero suscrito entre Bruselas y Rabat no era aplicable al Sahara Occidental porque éste "no forma parte del Reino de Marruecos" y por tanto sus aguas "no están comprendidas en la zona de pesca marroquí". Aplicar el tratado a las aguas saharianas "conculcaría determinadas normas del derecho internacional", reza el veredicto, "en especial el principio de libre determinación" del pueblo saharaui.

El veredicto no constituye una sorpresa. Se asemeja a otro de menor calado, que pronunció el tribunal en diciembre de 2016, sobre el acuerdo de liberación del comercio de productos pesqueros entre la UE y Marruecos. También recalcó entonces que no debía abarcar al Sáhara porque no está bajo soberanía marroquí. Si las exportaciones agrícolas del Sáhara a Europa son prácticamente simbólicas, las capturas en sus aguas revisten, en cambio, gran importancia.

El 91,5% de las 80.000 toneladas que se pescan anualmente en el marco del acuerdo proceden de la zona en litigio. El acuerdo pesquero con Marruecos, que prolonga los que firmó España tras retirarse del Sahara en 1975, es el más importante de los suscritos por la UE con países terceros. Por él paga 40 millones de euros y 200 jóvenes marroquíes embarcan para formarse en barcos europeos. De los 126 barcos autorizados a faenar gracias al acuerdo 90 son españoles, la mitad de ellos andaluces y el resto gallegos y canarios.

El tribunal no ha secundado por completo al abogado general, Melchior Wathelet, una figura a caballo entre el fiscal y la de un asesor jurídico independiente. Éste opinó el 10 de diciembre que el acuerdo con Marruecos "no es válido" y describió al Sahara como un territorio "ocupado (…) cuya población ha sido privada del derecho de autodeterminación". Los jueces consideran, en cambio, que sí es válido, pero inaplicable al Sáhara.

Los magistrados de Luxemburgo, donde tiene su sede el tribunal, responden con su sentencia al Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y País de Gales que se dirigió a ellos para preguntarles sobre la validez del acuerdo con Marruecos. Western Sahara Campaign, una ONG que apoya la autodeterminación de la antigua colonia española, había cuestionado ante la justicia británica la concesión de licencias de pesca a armadores europeos para faenar frente a las costas del Sahara.

Pese a la corrección introducida por el tribunal en la opinión formulada por Wathelet, los políticos y sectores de la sociedad civil que apoyan al Frente Polisario, que reivindica la autodeterminación de los saharauis, se alegraron ayer del veredicto y exigieron su puesta en práctica. "Celebramos la decisión", afirmó, por ejemplo, el eurodiputado de Equo Florent Marcellesi. "Esta decisión representa otra gran vergüenza para la Comisión Europea y los Estados miembros", añadió. Los abogados de dos de ellos, España y Francia, secundaron a la Comisión y argumentaron ante el tribunal que el acuerdo podía abarcar al Sahara.

Marcellesi sostiene que la sentencia convierte en "ilegal" la pesca en aguas saharauis. La Asociación Profesional de Abogados Saharauis en España añade, en un comunicado, que las licencias otorgadas para faenar en esas aguas son "nulas de pleno derecho". El tratado en vigor con Marruecos expira el 14 de julio y no está, sin embargo, claro que se vaya a suspender la pesca en el océano que baña las costas del Sáhara. Es más, los 28 estados miembros de la UE acababan de otorgar a la Comisión un mandato para que negocie con Rabat un nuevo tratado que, en un principio, iba a incluir a esas aguas en litigio.

La Comisión no especificó ayer en qué medida tendría cuenta la sentencia. La Alta Representante de la UE para la política exterior, Federica Mogherini, y el ministro de Asuntos Exteriores marroquí, Nasser Bourita, publicaron, sin embargo, un comunicado conjunto en el que se declaran "determinados a preservar su cooperación en materia haliéutica". Expresan a continuación "su voluntad de negociar los instrumentos necesarios con relación a la asociación pesquera", pero no explican cómo aplicarán el veredicto.La prensa oficialista marroquí es menos cauta que el ministro Bourita. El tribunal "abofetea los derechos del pueblo marroquí", sostiene Fahd Yata, director de La Nouvelle Tribune, en un editorial escrito a vuelapluma.

"Esta decisión tendrá consecuencias gravísimas, no ya para Marruecos que mantendrá con firmeza su posición y ejercerá su soberanía de Tánger a La Güera [frontera del Sahara con Mauritania], sino para la UE, la Comisión de Bruselas y sus Estados miembros", concluye.

Hace ya un año, poco después de que se diese a conocer la sentencia sobre el acuerdo de liberalización del comercio agrícola, el ministro de Agricultura marroquí, Aziz Akhnnouch, amigo personal del rey Mohamed VI, amenazó veladamente con abrir el grifo de la emigración hacia Europa -es decir, España- si se ponía en práctica el veredicto. "¿Cómo queréis [los europeos] que hagamos el trabajo de bloquear la emigración africana y hasta la marroquí si hoy Europa no quiere trabajar con nosotros", se preguntaba el ministro en una entrevista con la agencia Efe.

¿Se ha cumplido ya parcialmente su amenaza? 2017 fue el peor año migratorio en el Mediterráneo occidental. Casi 28.400 inmigrantes entraron irregularmente en España, la gran mayoría por mar (22.103) desembarcando casi todos en las costas de Andalucía y unos pocos en las de Murcia y Baleares. Los primeros datos de 2018, del mes de enero, arrojan un incremento del 65% con relación al mismo periodo del año pasado.