Trabajadores de la empresa Urbaser, adjudicataria del servicio de recogida de basura y limpieza viaria de la ciudad, irán a la huelga a partir del próximo 3 de julio, en un paro laboral que será indefinido. Protestan de esta forma por la falta de flexibilidad que ha mostrado la empresa para negociar el nuevo convenio colectivo.

La asamblea de trabajadores respaldó ayer esta medida de presión. Fue en una reunión celebrada en la Casa de la Juventud de la ciudad, en torno a las doce de la mañana, en la que la propuesta de huelga salió adelante prácticamente por unanimidad -sólo uno de los presentes emitió un voto en contra-. Los ánimos estaban encendidos después de que la dirección de la empresa presentara la misma proposición en el segundo acercamiento con los representantes del personal. Mientras la plantilla había rebajado sus pretensiones con respecto al primer encuentro, la empresa mantuvo sobre la mesa el mismo documento.

Los responsables sindicales pretenden evitar la pérdida de poder adquisitivo. Se niegan, por ejemplo, a aumentar la vigencia del convenio hasta los seis años. Y defienden la necesidad de ampliar la plantilla. No ven lógico, en este sentido, que exista un desbarajuste en la bolsa de trabajo y reclaman que las rotaciones paren. Por eso, señalan, que una vez que una persona encadena una serie de contratos la empresa no puede dudar de si produce o no, debe incorporarse a la plantilla. Un punto en que la empresa tiene una cuenta pendiente con la legislación, que no aplica, al no introducir a la mujer en el sector. La adjudicataria del servicio de recogida de basura de la ciudad plantea, además, una variación de la organización del trabajo tal y como está establecido hasta ahora, algo que rechazan tajantemente los empleados. Con todo esto y a pesar de la convocatoria de huelga indefinida a partir del 3 de julio, los trabajadores han mostrado su disposición a sentarse a negociar con Urbaser. No están cerrados a tratar el asunto, insisten.

En cuanto al establecimiento de servicios mínimos, los representantes sindicales entienden que no son obligatorios, al no tratarse un servicio como el sanitario, aunque saben que serán exigidos por la administración. Desde el Ayuntamiento, la delegada general de Desarrollo Sostenible, Rosario Álvarez, mostró ayer su respeto por el derecho que tiene el colectivo de trabajadores para ir a la huelga, aunque reconoció que espera que no se produzca el paro indefinido.