El Tribunal Supremo deliberará a puerta cerrada el próximo 10 de julio sobre los recursos presentados contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz que hace un año, tras el juicio de la Operación Karlos, condenó al inspector Francisco Casto Pérez Lara, al expolicía Carlos Carretero, a María José Campanario y a otros 15 procesados. La Audiencia estimó probado que todos ellos estaban implicados en la trama montada por Casto y por Carretero para obtener de modo fraudulento pensiones de incapacidad laboral

destinadas a personas que pagaban por ello distintas cantidades de dinero.

Carretero se encuentra en prisión cumpliendo una pena de cuatro años. Él y otros procesados admitieron su culpabilidad y pactaron su condena con el fiscal. Pero no fue ése el camino elegido por Casto, Campanario y la madre de ésta, Remedios Torres. Estos tres procesados presentaron recursos contra la sentencia ante el Tribunal Supremo, que ahora examinará sus argumentos. Entre ellos, que las escuchas telefónicas que pusieron en marcha la investigación, una prueba fundamental, deben ser declaradas nulas.

La Audiencia condenó a 9 años y medio de prisión por estafa, cohecho y otros delitos al inspector médico Francisco Casto Pérez Lara, a quien consideró una "pieza clave" de la trama. La sentencia condenó a penas de un año y 11 meses de prisión a María José Campanario y a su madre, Remedios Torres. El tribunal estimó probado que Campanario, cliente de la trama, intentó conseguir una pensión de incapacidad para su madre a sabiendas de que no tenía derecho alguno a optar a ella.

Casto planteó en el juicio que él no participó en estafa alguna a la Seguridad Social y se presentó como una víctima de Carretero. Campanario se mantuvo en la tesis de que pagó por una gestión que creía legal para que le fuese revisada a su madre la declaración de invalidez.

El tribunal rechazó de plano esas versiones. La sentencia explica que Carretero se encargaba de contactar con personas a las que proponía la obtención segura de una pensión. Y que Casto emitía informes en los que falseaba la situación real de los interesados y exageraba el diagnóstico o se basaba en informes médicos que sabía falsos.

Casto negó rotundamente en el juicio que recibiese dinero alguno de Carretero. La sentencia afirma en cambio que quedó "plenamente acreditado" que Carretero compensaba lucrativamente al inspector médico de diversas maneras.