La orden de demolición del edificio construido sobre el cauce del río en Grazalema coincide en el tiempo con la citación para declarar, como imputada, de la alcaldesa, María José Lara Mateos y otras concejalas del PSOE, en la causa judicial que provocaron precisamente las controvertidas obras: el caso del supuesto cobro de comisiones en el Ayuntamiento grazalemeño que deparó la detención del arquitecto municipal, Juan Prieto, y del contratista y promotores de esta actuación.

Lara Mateos estaba citada en primera instancia para declarar el pasado marzo, a petición del ex arquitecto. Se suspendió su declaración al alegar el abogado de la regidora que no podía acudir. El Juzgado Único de Ubrique, al cargo del caso, fijó para este pasado miércoles entonces su declaración, que de nuevo ha sido suspendida.

Según ha denunciado a este diario Ecologistas en Acción, personado en la causa, la suspensión fue debida a que el día anterior el abogado de Juan Prieto presentó un escrito diciendo que estaba citado para ese día una vista en la Sección de Jerez de la Audiencia Provincial de Cádiz. "Nos parece poco serio y carente de base jurídica alguna el que se suspenda una declaración, que ya se había suspendido hace un mes, cuando el abogado presenta el día anterior un escrito que debía haberlo efectuado en los tres días siguientes a la notificación del primer señalamiento", critica el colectivo. A su juicio, "es clara la maniobra de dilación del abogado de Prieto. No es de recibo que este asunto lleve tanto tiempo parado -las diligencias judiciales empezaron hace cuatro años- y que cada diligencia que se celebre lleva aparejada tantas vicisitudes". Así las cosas, Ecologistas presentará un escrito de queja al Consejo General del Poder Judicial y al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía "por la manera en que se está llevando el asunto judicial", lamentando "el estado de abandono en el que se encuentra el Juzgado de Ubrique con pocos funcionarios y jueces que cambian cada cuatro meses".

En el caso, además de Prieto, y el contratista y promotores de la obra, Cristóbal David Barrera y los representantes de Inmocentral Raúl Gascón y Rafael Torres Sánchez, hermano del presidente del club de fútbol del Getafe, y otros arquitectos de la zona, está imputado el tío de la alcaldesa y anterior regidor, Antonio Mateos. A éste se le acusa de un supuesto delito de prevaricación al construir la misma promotora otro bloque de viviendas arriba del que desvió el cauce, con más viviendas de las autorizadas en la licencia dada. Ahora, es su sobrina la que ha sido citada como imputada.