Se han hecho de rogar pero al final se han comprometido hasta el fondo. Mucho más de lo que esperaba la abogada de Rafael Ricardi, el portuense que ha estado cerca de 13 años en prisión por una violación que no cometió, Antonia Alba.

El PSOE se va a mover para lograr que el Gobierno agilice la indemnización que debe percibir por el dramático error judicial sufrido. Mejor dicho, ya se ha movido, reclamando el Ministerio de Justicia tanto a la Audiencia Provincial de Cádiz como al Tribunal Supremo la sentencia condenatoria dictada en 1996 contra Ricardi, y el auto que anula dicha sentencia, de julio de 2009.

No pudo ser más esperanzadora la reunión que ayer Alba, junto a otro compañero de despacho, Juan Carlos Jiménez, mantuvo en Madrid con el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, Álvaro Cuesta; con el portavoz de Justicia en la Cámara Baja, Julio Villarrubia, y los diputados gaditanos Salvador de la Encina y Mamen Sánchez.

Álvaro Cuesta se mostró especialmente sensibilizado. Y en Madrid, al término de la reunión, a media tarde, dijo a los periodistas allí congregados que "un hombre que ha pasado 4.600 días de privación de libertad por un delito que no cometió no puede recibir por pago la lentitud, ni en la justicia ni en la administración".

Así, los socialistas se ofrecieron a realizar una "gestión de intermediación" ante el órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, y reclamarle a éste que pida un "compromiso de celeridad" al Supremo y a la Audiencia de modo que respondan "lo antes posible" en el caso del portuense.

Por su parte, la abogada de Ricardi agradeció la disposición y compromiso de los socialistas y se unió a la solicitud de celeridad porque, como dijo, para cobrar la indemnización, a un inocente no se le puede hacer pasar por un procedimiento judicial que "se puede eternizar mientras vive en la indigencia".

La indemnización del excarcelado ha sido fijada por su defensa en 10 millones de euros, una cantidad que, si bien reconocen están dispuestos a negociar, dudan de que sirva para resarcir 13 años de privación de libertad. La cifra, apuntó Alba, "puede parecer desmesurada pero no estaremos contentos con ninguna cifra porque no creemos que las consecuencias del error judicial que sufrió Ricardi se puedan pagar de ninguna manera".

"Rafael ha repetido públicamente en varias ocasiones que él, pese a todo, sigue creyendo en la justicia. Es obligación de todos, pero muy especialmente de nuestros representantes políticos, hacer que quién ha sufrido un error atroz de quienes tienen encomendada la misión de impartirla, no deje de creer en ella", señalaba el otro abogado que ha llevado el caso con Alba, Juan Domingo Valderrama, en un comunicado que remitió para resumir el crucial encuentro para el futuro del portuense. Sólo resta ahora que los compromisos del PSOE sean asumidos por el Gobierno de su partido y llegue la Justicia para Ricardi.