La Junta de Andalucía ha solicitado al Consistorio que le informe sobre el procedimiento disciplinario que ha abierto contra las construcciones ilegales de El Barranco, el diseminado construido dentro de la reserva natural de las lagunas. En una carta firmada por el director general de Inspección y Ordenación de la Consejería de Obras Públicas, José Ortiz Mallol, le pide copias de las actas de inspección realizadas por el Servicio de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de la zona; de los informes que hayan realizado los técnicos sobre el núcleo ilegal; así como de los expedientes de protección de la legalidad y sancionadores abiertos contra los parcelistas.

Según la información a la que ha tenido acceso este periódico, ésta es la segunda carta en los últimos dos meses que el Área de Urbanismo ha recibido de la Consejería de Obras Públicas en relación con El Barranco. El 13 de noviembre, la Junta solicitó al Consistorio que le comunicara las "resoluciones" disciplinarias contra el diseminado abiertas por el Ayuntamiento. El 3 de diciembre el Área de Urbanismo le respondió mediante un escrito firmado por la concejala Patricia Ybarra en el que informaba que se han abierto 26 expedientes de protección de la legalidad. La edil comunicaba que se estaban analizando las alegaciones presentadas por los propietarios. En la respuesta municipal, no obstante, no se hace mención de la apertura de expedientes sancionadores (en los procesos de construcciones ilegales se abren dos tipos de expedientes, uno sancionador donde se multa económicamente al infractor por la irregularidad cometida, y otro denominado de protección de la legalidad que finaliza o bien con el derribo de lo construido ilegalmente o bien con la legalización). Sin embargo, la Junta reclama información más concisa al respecto del procedimiento disciplinario abierto por lo que el mismo día que recibió la respuesta municipal se le envió otro escrito solicitando las copias del expediente. Además, el organismo autonómico le recuerda que debe actuar disciplinariamente contra estas actuaciones .

No es la primera vez que la Junta llama la atención al Ayuntamiento en este aspecto. En octubre de 2005, Obras Públicas envió un escrito al entonces responsable del Área de Urbanismo, Juan Carlos Rodríguez, al que le ordenaba la apertura del proceso disciplinario contra el diseminado. Le advertía de que, en caso de no hacerlo, le retiraría las competencias en materia disciplinaria (tal y como hizo con Las Beatillas en 2002). Esto, unido a la presentación en el Juzgado de una denuncia de Ecologistas en Acción por la pasividad municipal hizo que el anterior gobierno decidiera iniciar los expedientes sancionadores, que más de un año después siguen tramitándose.

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