El alcalde de Barbate, el andalucista Miguel Molina, ha salido al paso de la petición formulada por el Grupo Municipal del PP a la Secretaría General del Ayuntamiento para que se pronuncie sobre la validez de los más de 1.500 decretos de la Alcaldía firmados para hacer frente a distintos pagos pendientes.

Miguel Molina ha lamentado que el PP salga con el asunto de la firma de los decretos como si estuviesen desviando fondos municipales, cuando solo se está haciendo frente al pago de cuestiones que afectan a personas con pocos recursos económicos. En su opinión, "los argumentos que aplica el PP dejan mucho que desear; el estar ahí pendientes de cómo van a hacer daño es irrisorio y fuera de lugar".

El alcalde barbateño considera que lo que intenta el PP es "desacreditar y tratar de paralizar a los pocos técnicos que tenemos en la Administración, porque esto va a conllevar que tengamos dos o tres meses paralizada la Secretaría General del Ayuntamiento, que eso es lo que está tratando de buscar el PP".

La primera autoridad local barbateña ha explicado que se muestra tranquila ante esta manera de actuar y achaca los informes negativos emitidos por el interventor o la secretaria al cumplimiento de unas directrices administrativas y no por incumplir con la ley.

En este sentido, el alcalde ha manifestado: "Yo, como siempre, tengo mi conciencia muy tranquila en todos los sentidos porque el dinero que se ha utilizado, que son 200.000 euros, ha sido para pagar a familias y demás, y para pagar lo que hay que pagar".