El juez del caso Malaya llama al ex presidente del Xerez a declarar

  • José María Gil Silgado deberá testificar el miércoles, junto al presunto cerebro de la trama marbellí Roca, como imputado en el informe policial del club azulino

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El juez que instruye el caso Malaya, Óscar Pérez, ha citado para el próximo miércoles, día 5, al presunto cerebro de la trama de corrupción, Juan Antonio Roca, y a otras seis personas para tomarles declaración en calidad de imputadas en relación al informe policial relacionado con el equipo de fútbol Xerez Club Deportivo y la supuesta participación accionarial en el mismo del ex asesor de Urbanismo entre 2002 y 2004.

Según la providencia a la que tuvo acceso Europa Press, aparte de Roca, se tomará declaración al que tenía hasta esa fecha los derechos del club y al que los adquirió junto con Roca, José María Gil Silgado, que fue presidente del club y que para los investigadores "habría sido consciente de que el origen del dinero con el que Roca financiaba su participación en el Xerez podría ser delictivo".

Además, se ha citado, dentro de una pieza separada del sumario abierto contra la trama de corrupción municipal en Marbella (Málaga), a dos personas más que ya aparecen como procesadas en el caso 'Malaya', como son el empresario José Ávila Rojas y el abogado Manuel Sánchez Zubizarreta.

Asimismo, está prevista la declaración del entonces abogado de Gil Silgado y de otro presunto testaferro u 'hombre de paja' de Roca, según señala la Policía en su informe, al que tuvo acceso Europa Press, en el que se detalla el procedimiento utilizado por el ex asesor de Urbanismo para hacerse con la mitad de los derechos societarios y económicos del Xerez, a través de sociedades "instrumentales" como Oven Five Sociedad Limitada y Jovibel 2000 Sociedad Limitada.

Los investigadores se inclinan a pensar, según dicho informe, que a los supuestos participantes en esta operación se les podría imputar un delito de blanqueo y precisan el grado de colaboración que habría tenido cada uno.

Así, inciden especialmente "en la ocultación de la inversión que supuso la adquisición de los derechos sobre el Xerez por parte de Roca y Gil Silgado" al anterior propietario, que recibió "parte del pago" a través de un local en Marbella, presuntamente propiedad de Ávila Rojas.

En dicho documento elaborado por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal, y en la propuesta de actuación, se indica que la operación fue diseñada desde dos despachos de abogados, uno de ellos ubicado en Madrid, con Manuel Sánchez Zubizarreta al frente, y otro con sede en Sevilla, que defendía los intereses del presidente José María Gil Silgado.

En ambos casos, consideran que los dos letrados que intervinieron en la operación debieron comunicarla al Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac).

A Sánchez Zubizarreta, los agentes le consideran el director "de la operación de obtención del dinero suficiente para acometer la ampliación del capital del Xerez", para lo que "orquesta un mecanismo financiero usual en las operaciones de blanqueo, consistente en la concesión de préstamos intersocietarios entre empresas, pretendiendo simular negocios que no son tales, siendo contraprestaciones por otros que se disimulan".

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