La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Cádiz cuenta desde hace unas semanas con un nuevo especialista en una materia especialmente sensible. La fiscal jefe Ángeles Ayuso ha delegado a Lorenzo Sacaluga Rabello los delitos económicos de la provincia, de los que hasta ahora se encargaba la también fiscal anticorrupción Virginia Alonso, que se ha visto desbordada en el ejercicio de sus funciones con tanto trabajo, según manifestó Sacaluga.

Desde su fiscalía se llevarán los delitos contra la hacienda pública y la seguridad social, estafas, apropiaciones indebidas y las insolvencias punibles, "pero siempre y cuando no invadamos la competencia de la fiscalía anticorrupción", dijo Sacaluga, así como los delitos societarios, menos conocidos. En estos momentos, el nuevo fiscal se está poniendo en contacto con otros fiscales de Andalucía, miembros de la Agencia Tributaria en la provincia o la policía judicial en materia de delitos económicos.

Sin datos estadísticos aún en su poder, el nuevo fiscal declaró que las características de la provincia, "con alto nivel de paro y de economía sumergida lleva a delitos de defraudación del IVA y perseguiremos este tipo de delito por ser de las más grandes insolidaridades sociales". Además, desde esta fiscalía "se pondrá interés en todas aquellas medidas cautelares para que desde el principio se asegure el cobro de la deuda".

Lorenzo Sacaluga Rabello lleva actualmente el juzgado de instrucción número 4 de Cádiz, que dejó la fiscal jefe María Ángeles Ayuso. Desde el año 1998 pertenece a la Audiencia Provincial, ejerciendo antes de fiscal antidroga y del servicio de protección de menores.

Sobre el caso Rilco, donde están implicados dos ex delegados de la Zona Franca del PP, Rodríguez de Castro y Miguel Osuna, Sacaluga, que lleva la causa, adelantó ayer que la Junta ya ha nombrado al perito que la Fiscalía solicitó para la realización de un cuarto peritaje "dadas las dudas y las grandes diferencias entre los periciales de la fiscalía, que ve delito en las actuaciones, y las presentadas por los imputados, que están bastante ajustadas". En 2005, la Fiscalía del Estado presentó una querella contra estos dos ex delegados de la Zona Franca del PP porque los considera responsables de diferentes delitos relacionados con la gestión del Rilco.