La Junta volverá a inspeccionar Las terrazas de Valdelagrana

  • En 2006 le redujo la categoría turística al edificio por carecer de algunos servicios · Si Turismo corrobora que el edificio alberga viviendas y no apartamentos turísticos, el Ayuntamiento tendrá que revisar la licencia

La Junta de Andalucía hará en breve una inspección al edificio Las terrazas de Valdelagrana para comprobar si el inmueble incumple la Ley de Turismo Andaluz. Tal y como se ha denunciado a lo largo de estas últimas semanas, el edificio (ubicado el número 17 de la avenida Santa María del Mar) está conformado por 49 apartamentos, de los que un importante número está actualmente en venta, lo que corrobora que son viviendas. No obstante, el delegado provincial de Turismo, José María Reguera, se limitó a señalar ayer a este periódico que se revisará si el edificio cumple o no con las características que sirvieron para que Las terrazas de Valdelagrana obtuviera en 2006 la calificación de apartamentos turísticos.

La Ley de Turismo Andaluz define este tipo de establecimiento para el alojamiento como un conjunto de unidades que debe ser objeto de comercialización por un mismo titular. En octubre de 2005 la promotora del inmueble, la sociedad sevillana Coralte, logró la inscripción de Las terrazas de Valdelagrana en el Registro de Turismo de Andalucía, obligatoria para todos los establecimientos destinados al hospedaje temporal, con la calificación de apartamentos turísticos de segunda categoría.

Sin embargo, en 2006, Izquierda Unida denunció que los apartamentos se estaban vendiendo de forma individualizada por lo que se incumplía uno de los requisitos fundamentales para la consideración como establecimiento turístico. La Junta, según explicó ayer el delegado, hizo una inspección. No obstante, ésta no se resolvió con la retirada de la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía por incumplir supuestamente los requisitos para ser apartamento turístico sino que se le redujo de categoría al detectarse algunas carencias en su funcionamiento. De ahí que pasara de segunda a de tercera categoría.

Sin embargo, la venta de apartamentos ha continuado durante estos últimos meses. De hecho, el uso residencial se vuelve a corroborar en cuestiones tales como que uno de los propietarios trató hace meses de legalizar una piscina en su jardín, según ha podido saber este periódico. Tras las nuevas denuncias sobre el edificio, la Junta de Andalucía comunicó ayer que piensa hacer una nueva inspección. No obstante, el delegado provincial apuntó que en el caso de que se corrobore que los apartamentos se están utilizando como viviendas, el papel disciplinario de la Junta se limitará, tal y como establece la Ley de Turismo Andaluz, a revisar nuevamente la inscripción en aspectos como el número de apartamentos destinados realmente para el fin turístico o, en caso flagrante, a la retirada de este registro.

Medidas más duras como la clausura del edificio debe corresponder al Ayuntamiento ya que es la administración que le compete. El Ayuntamiento le concedió la licencia de apertura en 2005 basándose en la autorización previa que le había dado al proyecto la Consejería de Turismo de la Junta. En el caso de que se le retire o se revise la catalogación de apartamento turístico, el Ayuntamiento estará obligado a revisar la licencia que concedió hace tres años. Lo mismo ocurrirá en el caso de que se reduzca el número de apartamentos turísticos puesto que también tendrá que intervenir disciplinariamente contra las viviendas que no tengan esta catalogación. De hecho, la existencia de estos pisos supone un grave incumplimiento de la normativa urbanística. Los suelos sobre los que se construyó Las terrazas de Valdelagrana tienen la calificación de comercial. El vigente PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) permite el uso de hospedaje en los terrenos con esta categoría pero no el residencial. Por lo tanto, en el momento en que se confirme que algunos apartamentos son viviendas, éstos serán ilegales automáticamente.

Días pasados, la concejala de Urbanismo, Patricia Ybarra, indicó que el inmueble cumplía desde el punto de vista urbanístico "con los requisitos para ser considerado apartamentos turísticos" por lo que instaba a la Junta de Andalucía a actuar si se saltaba alguna obligación de la normativa de turismo.

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