El Gobierno andaluz respondió ayer al PP sobre el polémico cobro autonómico a unos 2.000 agricultores de Sanlúcar, Rota y Chipiona pertenecientes a la Comunidad de Regantes de la Costa Noroeste.

El delegado territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, José Manuel Miranda, manifestó que "la Junta está en contacto con la comunidad de regantes y el Gobierno andaluz cumple con la legalidad, mientras que el PP está pidiendo que no se pague una deuda pública, algo que demuestra su desconocimiento del sector". Según criticó Miranda, el "acto" del presidente del PP andaluz, Juan Manuel Moreno , el pasado lunes en Chipiona "no fue organizado por la comunidad de regantes, que es responsable y negocia con la Junta para cumplir con su parte de la liquidación, sino orquestado por la alcaldesa de Chipiona, Isabel Jurado (PP), para lanzar un mensaje populista e irresponsable".

A su juicio, "lo expuesto por Moreno Bonilla no es digno de al-guien que ha ocupado un puesto público, porque invita a que no se cumpla con la ley ni con los compromisos adquiridos, ya que en este tipo de obras de regadío lo habitual es que la Junta pague la mayor parte del porcentaje, como ha sido el caso, y los regantes beneficiarios aporten el resto a posteriori tras la liquidación cuando ya la obra está operativa, como recoge la normativa de los fondos europeos".

El delegado argumentó que es una inversión de "modernización de los regadíos" que "ha multiplicado por cinco la capacidad productiva de estos agricultores, ha incrementado el empleo y la riqueza en la zona, y ha revalorizado el precio de las parcelas en las 8.000 hectáreas de la zona regable". Miranda precisó que el coste total es de 25,72 millones de euros, "de los que el 60% (15,43 millones) está subvencionado" y los restantes 10,29 deben pagarlos los regantes. Otros 6,34 millones "financiados al 100%" son de "obras de interés general en la zona para mejora de regadíos".