La Junta no descarta una posible demanda contra el Gobierno si no retira el peaje de la AP-4

  • El consejero de Fomento exige al Ejecutivo central que lo quite como hizo con el de la AP-9 en Galicia 

El control del peaje en Las Cabezas de San Juan. El control del peaje en Las Cabezas de San Juan.

El control del peaje en Las Cabezas de San Juan. / d. S.

El consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, ha pedido al Gobierno que "responda en términos de equidad" sobre el peaje de la AP-4 y lo retire como hizo con el de la AP-9 en Galicia y ha anunciado que se está estudiando la posibilidad de interponer una demanda por lo contencioso.

Cuestionado por este asunto por los periodistas en Huelva, López ha indicado que en este caso "el ámbito fundamentalmente es de naturaleza política" ya que desde la Junta de Andalucía "no se puede entender que el Gobierno de España de un trato diferente, en términos de discriminación clara, a una parte del territorio español que es Andalucía y, en este caso, el eje de comunicación Sevilla-Cádiz".

Ha recordado que el Gobierno andaluz, a sus expensas, levantó el peaje entre Jérez y Puertollano, algo que "está supondrá un desembolso de 120 millones de euros si el de la AP-4 se mantiene hasta el 2019" y "si lo está haciendo, en un eje de comunicación que es de competencia del Estado, para aliviar la carga de los ciudadanos, es exigible moralmente que el Gobierno de España acabe levantando el peaje cuanto antes en el tramo que aún está sometido a gravamen".

El consejero ha precisado que todo se agrava cuando "en agosto el Gobierno decide levantar el peaje en la AP-9, en Galicia, a expensas y a costa del Estado"; "si los españoles somos iguales ante la ley, si el tratamiento debe ser no de demanda de privilegios pero tampoco de aceptar en silencio discriminaciones sin fundamento, lo que le estamos diciendo al Gobierno español es que responda en términos de equidad".

Al margen del plano político, en el terreno puramente de análisis jurídico, ha explicado que se está analizando con los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía "si tiene solidez y fundamento una eventual demanda en el terreno contencioso".

Sin embargo, esto, en su opinión, "no anula el trabajo de exigencia en términos de racionalidad; aún estoy esperando que el ministro me dé una razón sola de por qué tiene que ser preferente el tratamiento en Galicia que en Andalucía, aquella es la AP-9 esta es la AP-4, no sé si es por preferencia por un número o porque Rajoy es de procedencia gallega, pero no son argumentos sólidos para plantear un tema discriminatorio en estos términos".

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