Dos policías nacionales y un agente del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) se sentarán en el banquillo el próximo 14 de abril como acusados de ayudar a una red de traficantes de hachís que introducía la droga, camuflada en camiones, por el puerto de Cádiz. Junto a ellos estarán otros once procesados en un asunto que se remonta a 2002. Entre los acusados está Rafael González, conocido como El Bigotes, procesado y condenado en dos destacados procedimientos que juzgó la Audiencia Provincial de Cádiz a finales de los noventa: el caso de la Autopista y el caso Aguilar, apellido éste de un guardia civil de Grupo Antidroga condenado por dirigir una organización de traficantes de hachís radicada en San Fernando.

El caso de la Autopista deparó un enfrentamiento sonado entre agentes de la Guardia Civil y de la Policía que se disputaron un alijo y a varios detenidos en el peaje de Jerez de la entonces A-4. A punta de pistola, según relató uno de los detenidos en el juicio celebrado en junio de 1999. Fue también un caso en el que intervino Cerrudo Grimaldi, un confidente que acusó después al entonces jefe del Grupo Antidroga de llevarse parte del dinero obtenido por cargamentos de hachís perfectamente controlados desde que llegaban a la costa gaditana. Un asunto ese archivado más adelante, cuando a Cerrudo lo mataron en su domicilio de San Fernando. El acusado de asesinarlo, que negaba haber cometido el crimen, falleció en prisión pocos días antes de ser juzgado.

La red para la que trabajaban los dos policías y el agente del SVA, explica la fiscal en su escrito de acusación, quiso en 2001 fichar a un guardia civil destinado en la Sección de Especialistas Fiscales del Muelle de Cádiz. Ese guardia simuló que aceptaba colaborar con la organización y actuó así durante unos meses como agente encubierto, anota el escrito. Agrega que el guardia llegó a cobrar por su supuesta colaboración, en distintos pagos, 228.000 euros que iba entregando a los investigadores.

El escrito de calificación provisional relata que tras varios intentos, la red embarcó dos camiones en Tánger cargados con hachís. Uno de ellos, con 2,9 toneladas, llegó a Cádiz el 16 de febrero de 2002 y dos días después fue abordado en Soria. El otro, con 2,1 toneladas de hachís, llegó a Cádiz el mismo día y no pasó del muelle.

La fiscal solicita para P.J.G.P., agente del SVA, nueve años de prisión. Para el policía G.R.H., diez años. Para F.P.G., también funcionario del Cuerpo Nacional de Policía, seis años. A J.P. y a B.B. los considera la fiscal jefes de la organización y pide cada uno de ellos 11 años y 9 meses de prisión.