"Necesidad de cubrir un mínimo de higiene y salubridad". Ésta es la sorprendente justificación que esgrimían tanto el ex alcalde de El Puerto de IP Hernán Díaz, como su edil de Urbanismo durante la pasada legislatura, Juan Carlos Rodríguez, para gestionar la concesión de luz y agua a viviendas que aún no se habían edificado, encontrándose no pocas incluso en el proceso de cimentación. Aunque en 2002 el Pleno aprobó por unanimidad el punto cero, la legalización de buena parte de los diseminados que se habían erigido al margen del Plan General vigente, comprometiéndose a poner coto a las edificaciones ilegales, lo cierto es que durante la pasada legislatura, y aún hoy, la construcción ilegal no ha cesado. Tal alcance ha tenido la problemática que la actual edil de Urbanismo, Patricia Ybarra (PP), ha calculado que entre 2003 y 2007 (periodo durante el que IP gobernaba con el PSOE, si bien eran los primeros los que tenían las competencias en urbanismo) se han construido entre 1.500 y 2.000 viviendas al margen del planeamiento. Se han construido y han sido habitadas. ¿Y cómo ha sido eso posible?. Pues gracias a que los promotores han tenido acceso a la concesión de los servicios básicos, la luz y el agua, que los anteriores dirigentes de IP daban a discreción, a tenor de la documentación aparecida ahora.

Hernán Díaz nunca ha ocultado que ha autorizado luz y agua a viviendas ilegales, si bien siempre escudándose en que era por motivos humanitarios, porque estaban ya habitadas. Presumía incluso de ello, fiel a su política populista que, gracias a esta vista gorda precisamente, le ha dado infinidad de votos. Lo que nunca había dicho es que daban vía libre a esos servicios a casas en cimientos.

Este diario ha podido saber que existía un protocolo establecido para ello. El proceso era el siguiente: el interesado comenzaba por requerir en al OAC (Oficina de Atención al Ciudadano) autorización para acometida de luz y agua a vivienda. La solicitud, tras recibir el "visto bueno" de Rodríguez, era remitida a la antigua empresa municipal de recaudación Serecop, que, de modo oficial, tenía encomendado el control de las edificaciones ilegales a través de la llamada Oficina Técnica de EMAs. Y allí, en vez de tomar nota para evitar la edificación ilegal, como tenían encomendado de cara a la galería, expedían siguiendo directrices de Urbanismo un informe (rubricado con sello, no con firma de persona física alguna) en el que decían que "a instancias de lo solicitado por Urbanismo, hemos comprobado que la finca ... se halla incluida en el documento de aprobación inicial de la revisión del Plan general con la clasificación de suelo urbano". Ninguna referencia a que, según el PGOU vigente, era suelo no urbanizable, y como ha ocurrido con los decretos de legalización que el PP ha llevado a Fiscalía, amparándose en un planeamiento inexistente.

El resto era coser y cantar: Rodríguez pedía por carta al director de Sevillana Endesa la concesión de luz, y Hernán Díaz hacía lo propio con el gerente de la empresa municipal de agua, Apemsa. Para "cubrir un mínimo de nivel de higiene y salubridad para los ocupantes de la construcción destinada a vivienda". Como muestra, un botón: en esta página se reproducen autorizaciones a una casa en cimientos en Buenavista, suelo no urbanizable. Y hay cientos más.