La Guardia Civil apresa un pesquero que portaba 2.300 kilos de hachís

  • El juez envía a prisión a cuatro onubenses por el alijo, incautado en Cádiz

  • La operación sigue abierta y las actuaciones son secretas

El arrastrero de Ayamonte 'Nuevo Reina Mar', en cuya bodega la Benemérita encontró el alijo de hachís. El arrastrero de Ayamonte 'Nuevo Reina Mar', en cuya bodega la Benemérita encontró el alijo de hachís.

El arrastrero de Ayamonte 'Nuevo Reina Mar', en cuya bodega la Benemérita encontró el alijo de hachís. / d.c.

El pasado Martes Santo, 27 de marzo, la Guardia Civil sorprendió en aguas gaditanas al pesquero onubense Nuevo Reina Mar, un arrastrero con base en el puerto ayamontino de Punta del Moral, cuando iba cargado con unos 2.300 kilos de hachís.

A bordo de la embarcación viajaban cuatro hombres, entre ellos el ayamontino propietario del pesquero -que atiende a las iniciales M.L.A.C.-, quienes fueron detenidos de inmediato.

Según ha podido averiguar este periódico, el barco fue apresado y llevado a El Puerto de Santa María, donde se pudo comprobar que en la bodega ocultaba el ingente volumen de estupefaciente aprehendido.

La operación, organizada por el Grupo de Respuesta Especializada contra el Crimen Organizado (Greco) de la Policía Nacional con la colaboración del Instituto Armado, continúa abierta por el momento y el secreto pesa sobre las actuaciones judiciales.

El Jueves Santo, el pasado 29 de marzo, los cuatro arrestados, entre ellos tres marineros de Ayamonte e Isla Cristina, pasaron a disposición del titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Sanlúcar de Barrameda, que decretó el inmediato ingreso en prisión comunicada y sin fianza de la tripulación del pesquero.

Tal y como consta en el auto de prisión, al que ha tenido acceso este periódico, se les imputa un delito contra la salud pública en su modalidad de sustancias que no causan grave daño a la salud, pero con la agravante de utilización de embarcación para la comisión de los hechos atribuidos a los arrestados.

En la resolución judicial se detalla que los tripulantes del arrastrero ayamontino se dirigían supuestamente a Sanlúcar de Barrameda "con una importante partida de hachís", 2,3 toneladas para ser exactos.

Fue entonces cuando se vieron sorprendidos por la patrullera de la Guardia Civil. El juez entiende que "habida cuenta del volumen de la partida de hachís incautada, era materialmente imposible que quienes estuvieran a bordo desconocieran su presencia en aquella embarcación".

Para la autoridad judicial, las circunstancias de la incautación "conducen a entender que la única explicación razonable para los hechos investigados es que los encartados trataban sin más de introducir esa sustancia en territorio español a fin de permitir su posterior distribución ilícita".

El propietario del Nuevo Reina Mar se acogió a su derecho a no declarar en sede judicial, "lo que nos privó de conocer sus hipotéticas excusas al respecto", por lo que el juez instructor lo cree criminalmente responsable del delito que se le imputa.

La Fiscalía también solicitó la prisión provisional para los arrestados, una medida excepcional que el juez fundamenta, en primer lugar, en la necesidad de "asegurar la presencia del imputado en el proceso, lo que debe ponerse en relación con la gravedad del delito" de tráfico de drogas que se le atribuye, y avanza que podría dar lugar "a la aplicación en su día de una muy importante pena de prisión".

Por todo, el titular del Instrucción 2 de Sanlúcar de Barrameda sospecha que "es previsible la fuga del imputado". La prisión preventiva, en paralelo, es una medida cautelar que, en este caso, "tiende también a evitar la reiteración delictiva y se presenta como idónea" para prevenir futuros alijos. Por todo, los cuatro detenidos onubenses ya están en la cárcel.

La operación del Greco se prevé de gran calado y no se descartan nuevas detenciones en fechas venideras, tal y como confirmaron fuentes policiales a este rotativo.

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