La dirección de geriátrico Gecosol de Valdelagrana replicó ayer en nota de prensa a las críticas que vienen recibiendo por parte de familiares de ancianos que han pasado por el centro, algunas de las cuales han derivado en denuncias en el Juzgado por presunta falta de atención y trato inadecuado hacia las personas mayores.

Estos familiares han constituido incluso una plataforma de afectados y han anunciado que pedirán al presidente de la Junta Manuel Chaves que retire la concesión a Sagesur, la empresa que gestiona las instalaciones de Gecosol.

El geriátrico rechaza las supuestas irregularidades denunciadas en el funcionamiento de la residencia, que los denunciantes atribuyen a la falta de personal suficiente, y consideran que las informaciones difundidas "ponen en duda el buen hacer de la plantilla del centro Gecosol, gestionado por la empresa Centro Dependencia Puertoluz ".

Según la dirección, el centro de mayores Gecosol lleva abierto desde 2005, "y la actual gestora ocupó el centro a medidos del año 2007, cambiando el concepto de residencia de lujo para válidos a residencia de asistidos, pasando de una ocupación de 27 a los actuales 136, todo ello al amparo de la Ley de Dependencia". El geriátrico rechaza que falte personal , ya que "actualmente tenemos 70 empleados a jornada completa, cuando la ratio de personal por residente exigida en la normativa es de 0,5 por lo que estamos por encima de dicha ratio, lo que constituye nuestra filosofía de servicio para la ejecución de nuestros protocolos de asistencia". Dentro del personal, según señala la empresa "existe 1 médico, 6 dues, 2 fisioterapeutas, 1 trabajador social, 1 psicóloga, 1 terapeuta ocupacional, y contamos además con 28 auxiliares de clínica". Además, según añade la dirección "en estos años han pasado por el centro 348 residentes, siendo su grado de satisfacción elevado, excepción hecha por dos familias".

Según el centro estas familias corresponderían tan sólo a dos ancianos, el yerno de Fernando Romero (que mantuvo un rifirrafe con el consejero delegado de la empresa en una concentración frente al geriátrico el jueves) en cuyo caso "se han magnificado unas lesiones derivadas de su patología al estar encamado por su condición de gran dependiente, y sin embargo la familia considera que se deben a la desatención del personal sanitario"; y Manuela Ullén, de 82 años, cuya familia la retiró del centro a los cinco días de entrar arguyendo que estaba desatendida, cuando "nada de eso es cierto, ya que se cumplieron todos los protocolos de recepción y atención".

A consecuencia de las denuncias de dichas familias, "la Delegación Provincial de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía ha realizado las correspondientes actuaciones inspectoras, no viendo indicios de mala praxis", insiste la empresa, que considera que "el ataque mediático instigado por estas dos familias y que estamos sufriendo es desproporcionado, y creemos interesado, desconociendo los verdaderos objetivos del mismo".

La dirección del geriátrico considera además que "la alarma social que se ha generado está afectando negativamente a los residentes, sus familias, trabajadores y demás personas involucradas, haciendo peligrar los puestos de trabajo y la atención prestada". Finalmente, la dirección señala que la empresa, "dado que el asunto está sub iudice, quedará a la espera de las distintas resoluciones administrativas y judiciales, para, inmediatamente ejercitar las acciones penales y civiles que nos competan". En este sentido, han realizado una denuncia contra Fernando Romero, "que provocó un altercado en el centro el pasado jueves, teniendo que ser requerida la Policía Local, que desalojó al alborotador".