La Fiscalía rechaza suspender la pena de prisión a Lorenzo Sánchez por el caso Uniformes

La Fiscalía Anticorrupción se opone a la suspensión de la pena de prisión impuesta a Lorenzo Sánchez en el caso Uniformes, una causa por la que el ex regidor roteño fue condenado a un año y medio de prisión por aprovechar su cargo público para adjudicar contratos a favor de un entramado empresarial que él mismo creó con objeto de obtener beneficios económicos ilícitos con cargo a las arcas municipales. Según la sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz, confirmada en febrero de este año por el Tribunal Supremo, la cantidad de dinero público desviada a contratos ilegales sumó más de 800.000 euros.

El fiscal Anticorrupción, Manuel Luis Arjona, rechaza suspender la pena de prisión al que fuera alcalde de Rota por Roteños Unidos (RRUU) de 2003 a 2010 por varios motivos. Por un lado, alude a los "suculentos beneficios económicos" que sacó Sánchez prevaliéndose de su cargo como primer edil para adjudicarse ilícitamente múltiples contratos públicos.

La Fiscalía señala además que Sánchez usó testaferros para que no lo relacionasen con los hechos delictivos. Así pues, colocó a Isidro Martín Bejarano al mando de sus sociedades -Coanda Costuras y Pacheco Puyana- como 'hombre de paja' para desvincularse de las mismas. El fiscal apunta también a la esposa de Sánchez, Rosario Pacheco, y a Sonia Rodríguez Villalba en el caso de la empresa Pacheco Puyana.

Anticorrupción subraya la "persistencia en la conducta delictiva" de Sánchez, "ya que no estamos ante hechos aislados, sino que los vino cometiendo ni más ni menos que durante nueve años, desde 2003 hasta el 2012. Incluso durante la propia instrucción de la causa continuó con las adjudicaciones ilegales, una vez que ya había declarado como investigado".

La multitud de contratos celebrados (más de 900) por el ex regidor roteño incumpliendo la leyes vigentes y el uso de todos los medios que se encontraban a su alcance para la comisión de los hechos (ya que no sólo se benefició del Ayuntamiento sino también de las numerosas sociedades mercantiles de capital público) son dos argumentos más que suma Anticorrupción para oponerse a la suspensión de la pena de prisión de Sánchez, a los que añade que el ex líder de RRUU tiene pendiente otra causa con la Justicia. Se refiere al caso Convenios Urbanísticos, en el que el fiscal solicita para él 12 años de inhabilitación por el delito de prevaricación y cuatro de prisión por cohecho pasivo.

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