La Fiscalía Anticorrupción de Cádiz presentará esta misma semana una denuncia en el Juzgado contra responsables de varias empresas constructoras ligadas a la familia Grimaldi, entre ellas Jerecom, y del Ayuntamiento de Jerez por una supuesta trama de intento de cobro de facturas duplicadas; por reconocimiento de pago de obras no ejecutadas; y trabajos cuya realización es imposible verificar a través de inspección ocular. Según han confirmado a este medio fuentes judiciales, la presunta trama fue descubierta en su fase final, cuando el Ayuntamiento, mediante la antigua Gerencia Municipal de Urbanismo, se disponía a abonar el importe de unas facturas que finalmente fueron retenidas por la Intervención Municipal. Al parecer, una comprobación acerca de las obras por las que iba a ser abonado el dinero destapó que los trabajos no habían sido realizados, según señala la denuncia que presentará en breve la Fiscalía.

En este punto, detallan los datos que maneja Anticorrupción -que ha venido trabajando en este asunto junto a la Udyco-, pese a que las facturas no llegaron a pagarse, algunas de las empresas implicadas sí recibieron del Ayuntamiento diferentes adelantos de determinadas cantidades de dinero por obras que finalmente no llegaron a ejecutarse. En este sentido, la investigación indica que la denuncia irá contra el ex concejal del PSA que enviaba las órdenes de pago a la GMU y que era responsable en ese momento de los planes especiales de la zona Norte y Sur; y otras tres empresas ligadas a la trama empresarial de los Grimaldi. El caso, obviamente, salpica a la figura del ex alcalde y delegado de Urbanismo entre 2003 y 2007, Pedro Pacheco, aunque las mismas fuentes judiciales aún no han decidido si finalmente será incluido en la denuncia que presenten ante los tribunales. En principio, las fuentes consultadas piensan que no.

En todo caso, sólo en el ejercicio 2007 y en los meses previos a la ruptura del pacto entre PSOE y PSA, como ya publicó este medio y se recoge en el dossier que obra en poder de Anticorrupción, "fueron emitidas una serie de facturas por las empresas Jerecom, Confusur y Alcázar, correspondientes a obras en barriadas de la zonas Norte y Sur, por un importe total de 446.097,88 euros". De estas facturas, detalla el expediente al que ha tenido acceso este periódico, "existen facturas aprobadas que corresponden a obras que no han llegado a ejecutarse" y "se adjunta listado en el que se detallan dichas facturas, las cuales suman un importe de 91.504,23 euros".

En otro orden, aún no hay decisión firme sobre si las más de 60 adjudicaciones 'a dedo' a empresas como Jerecom y Cartuja Urbanizaciones y Obras Civiles producidas entre 2003 y 2007 pudieran ser constitutivas de delito. Eso sí, conviene recordar que el informe por el 'caso Jerecom' recoge actuaciones que pudieran suponer fraude de ley, como es el 'troceado' de obras "de la misma naturaleza" para obviar la libre concurrencia y adjudicar a una misma empresa de forma discrecional.

Fuentes vinculadas al 'gobierno PSA' de aquella época mostraron su sorpresa por la deriva de las investigaciones. "Este tipo de obras, muy menores, no se adjudicaban desde la delegación. El seguimiento que tenían era técnico, no político. Esto, en cualquier caso, será un error administrativo, pero nunca una trama". Pero lo cierto es que era una firma 'política' la que daba el visto bueno.

Sin embargo, estas mismas fuentes reconocían que no se hacía una comprobación 'in situ' de si las obras planeadas eran realmente ejecutadas. Estas obras no realizadas y otras cuya autorización de pago fue duplicada fueron rechazadas por el interventor. Son algunos de los documentos que han quedado a la vista en la investigación y son base de la segunda denuncia que la Fiscalía va a realizar dentro de las indagaciones que se están realizando. No se descarta que sea la última.

El concejal del área, Antonio Sánchez, actualmente fuera de la política, declinó hacer declaraciones hasta que no se concretara la denuncia, pero mostró su estupefacción. En un principio, las obras previstas en esta delegación eran realizadas por lo que se conocía como brigadas de barrio, integradas por personal municipal. Fue a raíz del pacto con el PSOE cuando estas brigadas fueron eliminadas y se contrató a personal externo. Buena parte de estas obras fue adjudicada a Cartuja Urbanizaciones o firmas vinculadas a los Grimaldi.