España pide al Reino Unido que actúe en la crisis del 'New Flame'

  • El Gobierno llama a consulta a la embajadora británica para expresarle sus quejas por la gestión de Gibraltar en el rescate · La Junta de Andalucía aprobará hoy las medidas judiciales por los vertidos

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El Gobierno español pidió ayer al Reino Unido -durante la llamada a consulta a la embajadora británica, Denise Holt- que se "implique" en las tareas de rescate del chatarrero New Flame ya que las autoridades de Gibraltar no han gestionado el asunto adecuadamente, según fuentes diplomáticas. El director general para Europa y América del Norte del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Pons, trasmitió a la embajadora la "queja" ante la "falta de reacción" del Reino Unido en este caso. Además, advirtió de que España "se reserva el derecho a emprender acciones legales contra la empresa de salvamento del buque y el Reino Unido ante tribunales nacionales, internacionales y organizaciones internacionales con competencia en la materia".

Por otra parte, Pons reclamó una mejora de las comunicaciones entre Gibraltar y las autoridades marítimas españolas y recordó que España considera que el Foro de Diálogo que compone junto a Reino Unido y Gibraltar puede establecer mecanismos para evitar situaciones como la vivida con el New Flame. Según las fuentes, la embajadora "tomó nota" de las quejas y peticiones del Gobierno español para trasladárselas al Ejecutivo británico.

España no dijo si durante esta llamada a consulta se trató el tema de las 42.000 toneladas de chatarra de las que el Gobierno reconoce que no se ha informado.

Esta es la primera medida emprendida por las autoridades españolas tras el hundimiento definitivo y el tercer vertido. La consejera de Gobernación, Evangelina Naranjo, estuvo ayer en la playa La Concha de Algeciras, la más afectada. Allí anunció que el Consejo de Gobierno de la Junta aprobará hoy las medidas legales que va a tomar tras el daño medioambiental que han provocado los vertidos. Estas medidas serán a través de dos vías: en la primera la Junta reclamará ante la UE los gastos ocasionados por la limpieza de las playas afectadas y, en la segunda, emprenderá acciones civiles contra el armador del buque y contra la aseguradora para así poder "resarcirse de los gastos ocasionados a la Hacienda pública andaluza" por este naufragio. Fuentes de la Junta comunicaron a este periódico la pasada semana que estas medidas estaban en proceso de estudio y que se llevarían a cabo a largo plazo debido a la complejidad de la misma. Sin embargo, tras los últimos acontecimientos el Gobierno regional ha decidido acelerar los trámites y anunciar que llevará el caso ante la Unión Europea.

Por su parte, el presidente andaluz, Manuel Chaves, insistió ayer desde Sevilla en que "si la gestión de esta situación hubiera dependido de la Junta haría muchos meses que este tema hubiera estado solucionado y el barco hubiera estado retirado del sitio donde se encuentra en estos momentos". Aún así, Chaves sostuvo que el daño a las playas "ha sido mínimo".

Lo que la Junta no contempla, según la propia consejera de Gobernación, es intervenir en el rescate del chatarrero hundido, ya que, "se encuentra en aguas gestionadas por Gibraltar" y sólo intervendrá el Gobierno español una vez se solicite esta colaboración. Asimismo, reconoció que se ha pedido en varias ocasiones que se deje la responsabilidad del rescate al Ejecutivo de España a lo que el Peñón se ha negado en todas ellas. "Ha llegado el momento de que Gibraltar reconozca que necesita ayuda para gestionar una situación como ésta y solucionar la crisis del barco", aseguró Naranjo.

Asimismo, la consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, rebatió durante su visita a Algeciras las declaraciones de Peter Caruana, que insiste en negar que el fuel procede del New Flame. Según Coves, la Junta tiene pruebas irrefutables que demuestran que el anterior vertido, del 26 de diciembre, procede del buque accidentado hace seis meses.

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