El desalojo por orden judicial que estaba previsto para el mediodía de ayer en una vivienda de calle Cruces, número 32, finalmente quedó suspendido, después de más de una hora y media de tensión.

El apoyo social que recibieron los dos vecinos afectados, la oposición tajante de estos a abandonar la casa y, al final, la negativa de un cerrajero del barrio a abrir la puerta de la vivienda a desalojar, fueron los supuestos motivos por los que el desahucio fue pospuesto. Ahora, habrá que esperar una nueva orden judicial para proceder al desalojo, aunque esta vez sería, según temen los vecinos, sin previo aviso.

Sin embargo, los que sí fueron desalojados del inmueble, pese a no haber ninguna orden judicial para ello, fueron los miembros del Foro Social de El Puerto, vecinos de otras viviendas del edificio, la edil de IU, Pepa Conde, y los medios de comunicación que se encontraban en el patio interior de la casa para informar sobre lo que sucedía.

Desde el primer momento, antes de las doce, una treintena de miembros del Foro Social se apostaron en la calle, frente al edificio, exigiendo el fin de las infraviviendas en la ciudad y justicia para las personas que no tienen recursos económicos. El resto de vecinos de la casa, sobre los que también pesan órdenes de desalojo en las próximas semanas, permanecieron junto a los afectados, quienes esperaban nerviosos la llegada de los agentes judiciales. Igualmente, en la calle, cortada por la Policía Local, 16 agentes de la Policía Nacional se encontraban a la expectativa.

A las doce en punto, llegaba la agente judicial que, entrando en el patio del edifico con un grupo de policías, instó a Adela Suárez y José María Pérez que abandonaran el inmueble voluntariamente "por las buenas". Sin embargo, los afectados, que no pagan el alquiler desde hace más de un año debido a que la propietaria no arreglaba la vivienda, en muy mal estado, insistieron en que no tenían a dónde ir y que no se moverían.

Al poco, los policías pidieron a varios miembros del Foro, vecinos, periodistas, gráficos y la concejal de IU que desalojaran el patio del edificio, donde atendían a lo que ocurría. Sin embargo, cuando algunos vecinos y la propia edil se resistieron, los agentes los expulsaron a empujones. De hecho, Pepa Conde puso posteriormente una denuncia por la desproporcionada actuación de los funcionarios, quienes le dañaron un brazo mientras la echaban. Y además, los policías que intervinieron se negaron en todo momento a identificarse, a pesar del requerimiento de la concejal.

Mientras tanto, Adela Suárez se encerró en la casa, junto a algunos miembros del Foro, por lo que los funcionarios requirieron la presencia de un cerrajero que abriera la puerta. Cuando el cerrajero, que trabaja en el barrio, se negó a participar, los funcionarios decidieron suspender el desahucio y abandonaron el lugar.

Durante toda la hora y media que duraron los hechos, los vecinos increparon la labor de los policías, preguntándose que por qué no iban a la barriada de José Antonio, donde sí que hay delincuentes. Otros, preguntaban por la indemnización que debió cobrar la propietaria para arreglar el edificio cuando se cayó el muro exterior por las obras que se ejecutaban en el solar anexo. También censuraron la labor municipal por no adquirir más viviendas sociales, pudiendo comprarlas en Los Milagros.

Por otra parte, el 23 de enero está previsto un nuevo desalojo por el mismo motivo (impago mientras no arreglen el edificio), y el próximo 12 de febrero, tendrán que desalojar la casa una familia cuyo contrato fue rescindido hace medio año.