El Defensor del Pueblo admite a trámite la queja sobre la Casa Arizón

  • La asociación Aula Gerión espera que esta denuncia "no se quede en agua de borrajas" como una registrada en el año 2000 ante la misma institución

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La asociación de defensa del patrimonio Aula Gerión ha informado que el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ha admitido a trámite la queja presentada por este colectivo "en relación al estado de abandono que sufre el Palacio Arizón desde hace casi 20 años y ante el proyecto aprobado para edificar unas 90 viviendas en este Bien de Interés Cultural (BIC)".

Aula Gerión ha explicado que dicha denuncia forma parte de la campaña Salvemos Arizón, una iniciativa que esta entidad cultural empezó a llevar a cabo en febrero pasado y que le ha permitido obtener más de 4.500 firmas de ciudadanos y colectivos "para rescatar este monumento de la ruina en la que se encuentra actualmente", unas rúbricas que ha remitido a distintas autoridades con competencias en materia de patrimonio histórico en los ámbitos andaluz, español y europeo. La respuesta de Chamizo ha sido acogida con "satisfacción" por Aula Gerión, destacando que el Defensor del Pueblo ha iniciado "una serie de actuaciones encaminadas a esclarecer las causas que han llevado a la Casa Arizón al lamentable estado en que se halla y a dictaminar sobre el asunto". A este respecto, "ha comenzado a requerir informes y la documentación necesaria" tanto a la Junta de Andalucía como al Ayuntamiento, "máximos responsables de la conservación de este monumento".

La asociación considera que se trata de "un paso adelante hacia la recuperación de la Casa Arizón", al tiempo que expresa su interés en que "la tramitación de esta queja no se quede en agua de borrajas, como ocurrió con otra interpuesta en el año 2000 ante el Defensor del Pueblo, que concluyó tras informar la Delegación Provincial de Cultura que iba a dictar orden de ejecución contra la empresa propietaria, Casa Grande Arizón, al objeto de que realizara las obras de rehabilitación imprescindibles -ya entonces- para la preservación del monumento, anunciando que en el caso de que esa orden fuese desoída la propia Administración autonómica procedería a efectuar los trabajos de ejecución subsidiaria". A pesar de tales "promesas", ni la Delegación Provincial de Cultura ni la firma privada en cuestión "hicieron nada para paliar la progresiva degradación de este conjunto monumental".

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