El Juzgado Togado Militar Territorial archivó las diligencias penales tras el accidente sucedido en el campo de tiro El Palancar, en el que fallecieron cinco militares y otros tres resultaron heridos al estallar unas minas anticarros en unos entrenamientos previos a una misión internacional en el Líbano.

El tribunal consideró que el suceso fue "de índole accidental e imprevisible" y que no hubo "imprudencia alguna". No obstante, el juzgado apreció que el siniestro tenía vinculación con el funcionamiento de los servicios públicos. El mismo criterio sostuvo el Consejo de Estado, que entendió que existía responsabilidad patrimonial de la Administración militar "por cuanto se trató de un riesgo situado más allá de lo exigible a un militar profesional durante el desarrollo de un ejercicio de entrenamiento en territorio nacional en tiempo de paz", que "no cabe equiparar" con el que están "obligados a soportar" en una misión real.

Tras este archivo, los familiares de los fallecidos y los tres heridos graves solicitaron sus respectivas indemnizaciones, que fueron denegadas por Defensa; y ello pese a que el instructor del expediente y el interventor habían avalado en un primer momento la pertinencia de las correspondientes indemnizaciones para los afectados.