La defensa de la empresa Cortega ha solicitado ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Chiclana que José María Román sea citado a declarar en calidad de acusado por haber aceptado, como libre de cargas, una parcela embargada hasta por seis empresas y que formaba parte de un convenio para el desarrollo urbanístico de Coto San José. Esta aceptación se produjo en 2004, cuando Román era alcalde de la localidad. La petición afecta también a dos técnicos municipales que informaron favorablemente a la aprobación del Plan Parcial Coto San José II-B.

La solicitud de la empresa especifica que se acuerde la citación de estas tres personas "en calidad de acusados", a fin de que "cuando lo hagan puedan tener las garantías constitucionales de acogerse a los derechos de no declarar, no declarar contra sí mismos, no responder a determinadas preguntas, o contar con la presencia de un abogado", según ha manifestado el letrado de Cortega, José Antonio Gamero.

Cortega ha optado por esta determinación al ser parte perjudicada en el procedimiento que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 2 de Chiclana, en virtud de la denuncia que interpuso en su día ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Cádiz el actual edil de Urbanismo, entonces en la oposición, Jose Pedro Butrón. En este sentido, y tal como publicamos en nuestra edición de ayer, cabe recordar que la Fiscalía ha remitido al Juzgado chiclanero un auto incoando un procedimiento penal, al entender que existía indicios de delito.

Gamero Albarrán, letrado de Cortega, asegura que "la citación pretende esclarecer los hechos denunciados", aclarando al respecto que "de momento no hay una imputacion formal, pues la causa ha empezado a instruirse y si hubiera una explicación a las supuestas irregularidades que se aprecian en el funcionamiento de la administración local, todo podría quedar en nada".

Asimismo, el abogado de Cortega apunta que "la citación como acusados pretende que, desde la primera declaración, las personas que han intervenido en el asunto cuenten con las debidas garantías, no vaya a ser que en un momento posterior del procedimiento se les quiera imputar un delito y hayan declarado como testigos en vez de como acusados, y por tanto con otras obligaciones de las que están relevados aquéllos, lo cual podría perjudicar la instrucción."

La solicitud de Cortega deberá ser ahora objeto de admisión por parte del Juez. No obstante, desde Cortega se entiende que "al ser el anterior alcalde chiclanero quien aceptó la cesión ante notario de la finca como libre de cargas cuando era evidente que estaba embargada, parece que la petición de que preste declaración está aparentemente justificada".

Los técnicos municipales que Cortega considera deben declarar, cuyos nombres de momento no ha querido desvelar el letrado de la empresa, son citados en este proceso porque "suscribieron el informe técnico favorable a la aprobación del Plan Parcial Coto San José II B, entre cuyas consideraciones estaba que se había efectuado la cesión al Consistorio de la finca como libre de cargas y, además, que esto había sido objeto de comprobación, cosa que no fue así".

En opinión de José Antonio Gamero, "la primera comprobación que cualquier persona efectúa es una consulta al Registro de la Propiedad y en el mismo figuran anotados varios embargos cuando el alcalde fue a aceptar la cesión de la finca."

El letrado añade al respecto que "al aceptar la cesión de la finca como si realmente estuviera libre de cargas, el alcalde hace que la parcela pase a ser de propiedad municipal pero arrastrando tras de sí el problema de los embargos, cuando la cesión al municipio debiera haber sido gratuita, según se recogía en el convenio firmado por ambas partes".

Las citaciones solicitadas por Cortega incluyen también al actual delegado municipal de Urbanismo, José Pedro Butrón, aunque en este caso en calidad de testigo como parte denunciante, según nos indica la empresa Cortega. El objetivo de esta citación es que "ratifique la denuncia y responda a las preguntas aclaratorias que le puedan formular las partes", en relación a la denuncia que en su día presentara como edil de Izquierda Unida ante la Fiscalía.