Hace ya cuatro años que en el Ayuntamiento de Puerto Real se puso en marcha la ordenanza fiscal para tramitar la situación como Asimilado Fuera de Ordenación (AFO) de aquellas edificaciones que se encuentren en suelo no urbanizable, de acuerdo a lo establecido en un decreto de la Junta de Andalucía. Desde ese momento, y hasta la salida del gobierno del PA del Ayuntamiento, en mayo de 2015, sólo se concedió una declaración AFO.

El actual equipo de gobierno apenas ha resuelto cinco solicitudes en lo que va de legislatura, pese a que se han presentado decenas de ellas. Por ello, en el pleno ordinario celebrado ayer un representante de la Asociación de Parcelistas de Miramundo, José María Moreno, pidió al bipartito mayor celeridad en las tramitaciones "porque nos sentimos frustrados y nadie nos da respuestas".

El equipo de gobierno justifica el retraso en las tramitaciones en la falta de personal municipal

El asunto se trató en la sesión gracias a una moción que presentó el PA, pidiendo al equipo de gobierno que inicie las acciones necesarias para resolver las decenas de solicitudes presentadas, y que recibió el apoyo unánime de la Corporación. En respuesta, el concejal de Urbanismo, Antonio Villalpando, argumentó que el "colapso" en la tramitación de los expedientes está justificado por la falta de personal en el área de Urbanismo y que "conseguimos adelantar algo con un plan de empleo de la Junta de Andalucía, pero ya ha finalizado y estamos a la espera de, a través de un plan de empleo similar, poder contratar a un arquitecto, un jurídico y un administrativo que se encarguen".

Los parcelistas también pidieron la posibilidad de poder fraccionar los pagos de la tramitación ya que, dependiendo de la parcela, rondan los 3.000 euros de gasto, alcanzando en algunos casos los 7.000 euros, que deben abonar en un solo pago. El alcalde se comprometió a estudiar y atender esa petición en el caso de que sea posible.

Por otro lado, en la sesión de ayer se aprobó, con los votos del equipo de gobierno, la dedicación exclusiva del nuevo concejal de Sí se Puede, José Antonio Montilla, que desde hoy comenzará a percibir un salario bruto anual de 32.464 euros, y la suspensión de la dedicación exclusiva del edil Tomás Sánchez, a partir del 15 de mayo.

Otros asuntos que ayer salieron adelante fueron la salida del Ayuntamiento de la Fundación Universidad Empresa (FUECA), la ordenanza reguladora de la venta ambulante, una relativa a los destrozos por el temporal y otra sobre el pacto andaluz contra la estacionalidad turística en el litoral.