Clemente Ruiz García abandonará hoy la prisión de Puerto II después de que la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Cádiz autorizara ayer su puesta en libertad bajo una fianza de 30.000 euros al admitir el recurso de apelación presentado por su abogado defensor, José Luis Tellado.

El ex funcionario del Ayuntamiento isleño, principal imputado en el desfalco de 7,8 millones de euros de la caja municipal descubierto en abril de 2009, saldrá en libertad tras cumplir casi 20 meses en prisión preventiva.

Su salida de la cárcel, una posibilidad que ayer apuntaba ya este periódico, supone un auténtico revulsivo para el complejo tema del robo perpetrado durante años en el Consistorio isleño, que permanece todavía a la espera de juicio y cuya investigacion continúa abierta más de dos años después de que se descubriera la falta de dinero en las oficinas de Hacienda.

La decisión de la Audiencia Provincial ha dado un giro inesperado al caso toda vez que la puesta en libertad de Clemente ha sido negada hasta en cuatro ocasiones anteriores desde su ingreso en prisión provisional, el 4 de noviembre de 2009.

La última solicitud se cursó al Juzgado de Instrucción número 2 de San Fernando a principios del pasado mes de mayo. Contra este nuevo auto judicial que ratificaba su permanencia en prisión, su abogado, José Luis Tellado, presentó un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, que se resolvió favorablemente en la mañana de ayer.

El auto de la sección cuarta considera que ya no existen razones de peso para mantener en prisión preventiva a Clemente Ruiz García. De hecho, el plazo máximo de esta medida cautelar expiraría el próximo mes de noviembre.

Ahora bien, impone una serie de condiciones para que salga de prisión: el pago de una fianza de 30.000 euros -ayer, la familia se afanó en reunir esta cuantía-, comparecencias diarias bien ante el Juzgado de Guardia o bien en la Comisaría y la retirada de su pasaporte para evitar el riesgo de fugo.

A pesar del cese de esta medida cautelar sobre Clemente, el auto elaborado por la Audiencia Provincial insiste, al igual que los anteriores, en la existencia de "sospechas razonables acerca de la posible autoría de un delito de malversación y caudales públicos, así como delitos de falsedad".

No obstante, los argumentos esgrimidos para su puesta en libertad son de peso. Primero, afirma que la prisión preventiva es una medida legal "de carácter excepcional" que no se puede prolongar por un tiempo indefinido en este caso. Segundo, que la situación de Clemente es similar a la de su ex compañera de trabajo, María José Lebrero, también imputada pero nunca encarcelada. Tercero, que resulta imposible la destrucción de pruebas puesto que Clemente ha sido cesado en su puesto de trabajo. La Audiencia Provincial considera además que en los primeros siete meses del proceso -periodo que Clemente estuvo en libertad- tuvo tiempo más que suficiente "para hacer desaparecer cualquier elemento incriminatorio". Del mismo modo, valora que no existe riesgo de fuga puesto que esos primeros siete meses el imputado no huyó de la Justicia.