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Pago a proveedores

Chiclana, único municipio de los 15 grandes sin plan de ajuste

  • El PSOE y el grupo independiente PVRE tumban la propuesta del PP que deja en el aire el desembolso de las más de 5.000 facturas chiclaneras · Entre las 15 mayores poblaciones gaditanas se adeudan 850 millones

El Ayuntamiento de Chiclana se enfrenta a una complicada situación después de que no prosperara en el pleno el plan de ajuste que se celebró en esta localidad debido al voto negativo del PSOE y el PVRE (formación en defensa de las viviendas ilegales). El PP, que gobierna en minoría en Chiclana, lamentó profundamente la actitud “sin sentido” de los socialistas y en especial de su portavoz, José María Román, a los que acusa de “dinamitar” los intereses de la localidad. En esta línea, la delegada de Hacienda de Chiclana, Ascensión Hita, expresó su decepción y reprochó al PSOE que “no mire por Chiclana”, al tiempo que instaba a esa formación a dejar de lado “la política del no por el no, sobre todo en temas económicos que afectan a los intereses de todos los chiclaneros”.

La edil chiclanera admitió que el voto en contra del PSOE “hace peligrar la liquidez del Ayuntamiento”, puesto que las condiciones para el pago de proveedores se tornarán más duras ahora. Al respecto, el Ayuntamiento tendrá que depender de las asignaciones a través de la PIE (Participación de los Ingresos del Estado) y de los ingresos a través de los impuestos municipales. “Obviamente, resultará más duros para todos por culpa del voto negativo del PSOE”, mantuvo.

La propuesta de ajuste del PP consistía en el pago de 42 millones a proveedores en diez años y otros dos de carencia a bajo interés. También garantizaba el pago de las nóminas de los funcionarios y, asimismo, la municipalización de servicios, así como una bajada del sueldo de los ediles del PP hasta el 20% a lo largo de este mandato.

El PP de Chiclana no duda en admitir que el rechazo a su plan ha supuesto un varapalo y un acto de irresponsabilidad por parte de los socialistas: Igualmente, los populares tendrán que evaluar hasta qué punto puede ocasionar repercusiones negativas en los chiclaneros. En cualquier caso, el gobierno local pedirá una cita con el Ministerio de Hacienda para “hacer algo al respecto, porque esta situación no beneficia a nadie”, dijo Hita.

Mientras, las voces críticas contra la actitud de la oposición crecen cada día que pasa entre el empresariado local, que llegó a reunirse con Román antes del pleno para intentar convencerle sin éxito de la necesidad de respaldar este plan de ajuste, y que ahora ve peligrar el cobro de los 42 millones de euros que les adeuda el Consistorio.

Por otro lado, resulta contradictorio  que José María Román, ex alcalde y actual portavoz del PSOE en Chiclana y también diputado provincial, criticara ayer al gobierno del PP en la Diputación “por dejar pasar la oportunidad de afrontar un paquete de ajuste económico que le permitiera acogerse al plan de pago de la deuda de proveedores”. Es decir, que Román tumba el plan de ajuste del PP en Chiclana y a los dos días echa en cara a este mismo partido que no presente uno similar en la Diputación.

Por el momento, los proveedores del resto de ciudades de la provincia no tendrán problemas para cobrar. Al menos, sus respectivos ayuntamientos han hecho los deberes y, gobernados por distintos colores y con una oposición que ha entendido la filosofía de la Ley estatal, han sacado adelante sus respectivos planes de ajuste. Servirán para justificar el desembolso de casi 850 millones de euros (en concreto, 849,7) que es lo que adeudan a sus proveedores las 15 ciudades de la provincia que cuentan con más de 20.000 habitantes.

El más duro de esos planes, con diferencia, es el de Jerez. Su alcaldesa, María José García-Pelayo (PP), comunicaba hace poco que el Consistorio debe 328 millones de euros que se corresponden con casi 13.000 facturas. De momento, el plan de ajuste aprobado en solitario por el PP incluye una de las medidas más duras que se recuerdan en la provincia: un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará a un total de 390 trabajadores, la mayoría personal laboral, y también muchos de concesionarias. A esto se une el hecho de que el ajuste presupuestario en las diez anualidades en las que se divide el plan estatal será, dice el PP jerezano, de unos 100 millones anuales. La crítica situación de Jerez es, como el resto, fruto de las herencias de los gobiernos anteriores.

La inmensa mayoría de los casos ha seguido el mismo patrón: facturas a proveedores, a pequeños y medianos negocios, que han ido agolpándose durante años. Ahora, el Gobierno da la opción de saldar esas deudas, pero comprometiendo a las administraciones locales a aprobar un plan municipal de ajuste que garantice el pago de ese nuevo crédito a diez años vista (con unas condiciones de interés muy ventajosas), y que al mismo tiempo garantice que se podrá pagar junto al resto de deudas.

Tras Jerez, el segundo municipio que aparece de los 15 que han sido analizados es Algeciras. Ha reconocido, y enviado al Gobierno para su trámite, una deuda a proveedores de 87,6 millones de euros, que se corresponden con alrededor de 4.500 facturas. En este Ayuntamiento, sus dirigentes han anunciado, entre otras medidas, 260 bajas en la plantilla a través de jubilaciones y amortización. El tercer puesto es para el Ayuntamiento de la capital gaditana, con 71 millones de deuda reconocida correspondientes a 868 proveedores. Entre los efectos más destacados, como ya se ha anunciado, la pérdida de la financiación municipal al Cádiz, el Trofeo Carranza y la eliminación del Patronato de Vivienda.

El Puerto es la cuarta localidad con mayor número de cuantía económica pendiente, con 68 millones y 4.339 facturas. En este caso, se ha anunciado un incremento de varias tasas municipales, entre otras medidas. La Línea, como ya se comentaba, es otro de los ayuntamientos que tendrá que aplicar un ERE. En este caso, su alcaldesa, la socialista Gemma Araújo, anunció la medida que afectará a 65 empleados municipales, justo durante un encierro que mantuvo en la Diputación para reclamar el pago de 1,5 millones de euros que destinaría a las nóminas pendientes.

En Puerto Real no se tocará al personal. De momento, su alcaldesa, la andalucista Maribel Peinado, ha enviado un plan de pago a proveedores por importe de 33,5 millones de euros que se corresponden con unas 6.000 facturas. Eso sí, no habrá reposición de plantilla y se tocarán algunas tasas municipales. En este caso, las herencias recibidas son más elocuentes: hay casos de facturas que datan del año 1985, en plena mayoría absoluta de José Antonio Barroso.

En Los Barrios, se subirá el IBI y se buscará una salida a 57 operarios municipales. Habrá pago a proveedores en dos tandas: una primera, gracias a un crédito de 4,2 millones con cargo al ICO correspondientes a unos 40 proveedores. Más adelante, según ha anunciado el gobierno local, se solicitará un segundo crédito para pagar facturas por importe de 29 millones. Para que esta operación cuaje, habrá que subir todos los impuestos. Los dos siguientes municipios, San Roque y Sanlúcar, tienen situaciones parecidas: el primero debe 27 millones y el segundo, 25. En ambos casos, unas de las medidas que se adoptarán en el plan de ajuste es que no se repondrán las jubilaciones de la plantilla hasta el año 2022, cuando finaliza la vigencia de esta medida.

En San Fernando, los 22 millones de euros correspondientes a 3.110 facturas serán pagados a cambio de una reducción del 5,4% en el sueldo de los concejales y personal de confianza, entre otras cuestiones. En Rota, su equipo de gobierno (PP-Roteños Unidos) ha presentado 4.059 facturas con una cuantía pendiente de 16,9 millones de euros. A cambio, el plan de ajuste incluye restricciones de inversión en determinados equipamientos y, además, se incluye la petición de contrapartidas por las servidumbres de la Base Naval.

Arcos es otro de los municipios pendientes de ajustar su plantilla, algo que su gobierno ha anunciado que dará a conocer en abril. Mientras, ha remitido al Ejecutivo más de 8.000 facturas pendientes desde 2001, que alcanzan los 15 millones de euros. Barbate es el penúltimo municipio. Sólo ha trascendido que se deben 13 millones en facturas pendientes. En una localidad con varias nóminas pendientes en el Ayuntamiento, sin acuerdo de pesca y con unas servidumbres militares también históricas, su equipo de gobierno reclama al nuevo Gobierno del PP ayudas en firme y no simples “parches”, como ya dijo su alcalde, el socialista Rafael Quirós.

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