Chamizo insta a Consistorio y Junta a adecuar el campamento y el ecomuseo

  • La apertura de ambas instalaciones acumula un retraso de casi cinco años

La oficina del Defensor del Pueblo Andaluz ha hecho pública su resolución en torno a las instalaciones del campamento juvenil Cerro Mulera y del ecomuseo del hábitat rural de la Sierra de Cádiz, ambas ubicadas en Ubrique y pendientes de su apertura desde hace casi cinco años por falta de acuerdo entre la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Ubrique, y la asociación juvenil Tamal.

En el año 2000 el Ayuntamiento, la Consejería de Medio Ambiente, y Tamal firmaron sendos convenios sobre el campamento y el ecomuseo, correspondiendo el contenido expositivo y la gestión a la asociación juvenil, mientras que en enero de 2003 el Ayuntamiento recepcionó ambas instalaciones, que supusieron en su día una inversión superior a los 900.000 euros procedentes de fondos europeos. Desde entonces los dos equipamientos no han llegado a abrir sus puertas al público. El equipo de gobierno y la Junta consideran que Tamal debe presentar el plan de viabilidad del campamento, tal y como recoge el convenio firmado, mientras que el colectivo viene insistiendo en la imposibilidad de elaborar dicho plan ante la ausencia de infraestructuras imprescindibles, como la instalación eléctrica, el servicio de agua potable o la valla perimetral de protección.

Para desbloquear esta situación la asociación juvenil acudió entre otras instancias al Defensor del Pueblo Andaluz, que se ha manifestado en los últimos días respaldando las tesis de Tamal.

En este sentido, precisa que "las soluciones no deberían pasar inicialmente por la presentación por parte de la asociación de un plan de viabilidad y gestión de los mismos, sino por la adecuación de las instalaciones por la administraciones que asumieron las obligaciones de ejecución, de conservación y de gestión".

La oficina de Chamizo, apoyándose en un informe realizado en su día por el propio arquitecto municipal, subraya que ya desde antes de su recepción "las instalaciones carecían de elementos imprescindibles para ser utilizadas en la medida que había sido acordada con la asociación". En su opinión, "difícilmente va a poderse poner en funcionamiento un campamento juvenil en el que ni tan siquiera se dispone de acometida eléctrica". Una vez constatadas estas deficiencias en las instalaciones, el Defensor del Pueblo se muestra partidario de desarrollar las obras que sean oportunas para lograr la resolución definitiva de ambos proyectos.

Con todo ello, Chamizo hace cuatro recomendaciones a las distintas partes implicadas. En primer lugar insta a Ayuntamiento, Junta y Tamal a que celebren encuentros "a los efectos de concretar las medidas correctoras que deben acometerse sobre los equipamientos en cuestión para que éstos puedan ser destinados a las finalidades inicialmente acordadas". Además, solicita a las dos Administraciones que dialoguen para ponerse de acuerdo "en la forma y proporción" en que deben ejecutar esas medidas.

Para el Defensor del Pueblo Andaluz sería entonces, "una vez acometidas tales obras y certificada técnicamente la adecuación de las instalaciones" cuando se debería requerir a Tamal que elabore y aporte el correspondiente plan de viabilidad y gestión. En el supuesto de que la asociación no cumpliese, aconseja como último paso ofrecer la ejecución del proyecto a otras asociaciones o entidades.

Tras conocer la resolución, el coordinador de Tamal, José Arroyo, mostraba ayer su satisfacción al considerar que "viene a apoyar los argumentos que hemos mantenido desde el principio".

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