El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Barbate ha dictado prisión provisional sin fianza para cuatro de los ocho detenidos la pasada semana en las localidades onubenses de Moguer y Huelva capital, después de que la Guardia Civil desarticulara una organización criminal en la que detuvieron en total a 16 personas de nacionalidad marroquí entre Cádiz y Huelva.

Estas personas fueron detenidas por supuestamente favorecer la llegada a España desde Marruecos de unas 300 personas en apenas un año de forma irregular. De éstos se han interceptado 65 inmigrantes irregulares, entre hombres y mujeres, entre ellos 16 menores.

Por otro lado, según han informado a Europa Press desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), estas personas pasaron el viernes a disposición judicial y las otras cuatro han quedado en libertad. Dos de ellas con cargos y las otras dos no llegaron a declarar.

Entre otros delitos, se les imputa el de detención ilegal, tráfico de personas y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, y se ha decretado el sumario.

La pasada semana el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, Ezequiel Romero, acompañado por la subdelegada del Gobierno en Huelva, Asunción Grávalos, informó de que el pasado martes se realizaron seis registros en viviendas, hallándose en el marco de esta operación, denominada 'Yarabi', 132 kilos de hachís, 16.435 euros en metálico, 17 teléfonos móviles, dos vehículos y un ordenador portátil.

Según informó el coronel, los inmigrantes tenían que pagar unos 1.200 euros por adelantado para llegar a España a la organización criminal, que les organizaba el viaje, y una vez embarcados les retiraban sus teléfonos móviles y enseres personales para posteriormente trasladarlos a distintas localidades de Huelva y del territorio nacional, donde supuestamente eran retenidos en pisos contra su voluntad hasta que les realizara un segundo pago que ellos desconocían inicialmente, perfeccionándose así el secuestro de los mismos.

A tal fin, extorsionaban a los familiares de las víctimas, quienes finalmente se veían obligados a efectuar este segundo pago no pactado previamente y que podía oscilar entre 350 y 700 euros adicionales para conseguir su liberación.

La Guardia Civil calcula que esta actividad ilícita les ha podido reportar unos rápidos beneficios que alcanzan los 350.000 euros.