Anticorrupción actúa contra las cuentas municipales de Sanlúcar

  • Más de una decena de facturas supuestamente ilegales que suman alrededor de 100.000 euros compromete judicialmente a ediles del PP del anterior mandato

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La Fiscalía Anticorrupción ha remitido a los juzgados de Sanlúcar los resultados de su investigación con respecto a la emisión supuestamente ilegal de más de una decena de facturas por un valor total superior a los 100.000 euros correspondientes a la etapa del Gobierno PP-Alternativa Sanluqueña (AS) en el anterior mandato corporativo.

Los entonces concejales gobernantes del PP Rafael Rubio y Marco Antonio Caballero -éste último sigue siendo edil del Ayuntamiento de Sanlúcar-; el interventor en aquellas fechas, Isaac Bovillo; otra empleada municipal y los gerentes de tres empresas presuntamente beneficiarias de las operaciones económicas son las personas que, si la tramitación judicial de este asunto continúa adelante, tendrán que declarar en el Palacio de Justicia de la localidad en calidad de imputados como presuntos autores de sendos delitos de malversación de caudales públicos y falsedad documental. En tal caso, el juzgado pertinente se dirigiría previsiblemente al Consistorio sanluqueño para que se persone como acusación particular en este proceso tan espinoso que se refiere a la gestión de dinero público.

Da contenido a este caso un paquete de facturas suscritas en 2003 por ambos concejales sin la rúbrica de ningún técnico municipal ni la comprobación de la ejecución de los servicios que figuran como conceptos. Tres de las empresas en cuestión tenían entonces su domicilio social en el Edificio Melkart de la Zona Franca de Cádiz. Se tratan de Documentos Electrónicos Digitales, Europa Corporación de Gestión y una tercera firma privada cuyo nombre no ha transcendido, como tampoco el de una cuarta empresa que poseía una sede diferente a la mencionada.

Las facturas se refieren a análisis o trabajos supuestamente realizados. Algunos de los objetos son "estudio de la viabilidad de los servicios funerarios del Ayuntamiento", "estudio demográfico para el cálculo del índice de mortalidad", "estudio para la optimización de agentes recaudadores" y "estudio para la optimización de las bases de datos".

Este caso tiene su origen en las denuncias efectuadas años atrás por el Bloque de Progreso, un partido independiente de la ciudad sin representación en el Ayuntamiento que a principios de 2008 puso en conocimiento de la Fiscalía la existencia de una serie de "facturas falsas" fechadas en 2003, como la han denominado en reiteradas ocasiones. El Pleno del Consistorio sanluqueño aprobó en julio de 2008 las cuentas generales de 2003 de esta administración con las alegaciones presentadas por esa formación.

Como resultado de tal acuerdo plenario, el Ayuntamiento comunicó a la Fiscalía las supuestas irregularidades que había detectado ante la posibilidad de que pudieran ser objeto de una investigación judicial. Y desde Anticorrupción ha llegado el caso ahora a los juzgados sanluqueños.

En la reunión del Pleno en la que tuvieron que posicionarse sobre esta cuestión, el PP y AS optaron por defender su gestión económica y criticar al técnico del Ayuntamiento que redactó el informe municipal acerca de las cuentas de 2003, Rafael Terán. Su militancia política, primero en el PSA -partido del que fue candidato a la Alcaldía en las elecciones locales de 2007- y luego en el Bloque de Progreso, ha servido de argumento a sendos partidos para censurar su "parcialidad". En el mismo sentido se pronunciaron en la sesión relativa a las cuentas de 2004, sobre las que el actual Gobierno PSOE-CISanlúcar ha recibido también el encargo del Pleno de comunicar supuestas irregularidades a la Fiscalía.

2003

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