La concejala de Inclusión y Políticas Sociales, la socialista Ana Lorenzo, descarta "por ahora" presentar su dimisión tras conocerse, a través de una grabación de audio que se realizó sin que ella lo supiera y que trascendió el pasado viernes, que había aconsejado a una familia a punto de ser desahuciada que okupara una vivienda concreta que es propiedad de una entidad bancaria.

Ayer, en declaraciones realizadas a este periódico, insistió en que todo lo que dijo "fue un error" y volvió a retractarse de sus afirmaciones. "No pretendo justificarme. Es algo que no tenía que haber dicho, lo reconozco", explicó a este medio.

La edil del PSOE isleño defendió la gestión que se está llevando a cabo desde los Servicios Sociales del Ayuntamiento, también en lo que toca a temas de vivienda. Es -insistió- una de sus mayores preocupaciones dentro de las responsabilidades municipales que tiene encomendadas. Lorenzo, visiblemente afectada por lo ocurrido, afirmó a este periódico que descarta "por ahora" presentar su dimisión. "Solo he intentado ayudar a una familia con tres menores a su cargo que se quedaba en la calle", afirmó.

Tampoco el gobierno municipal que preside Patricia Cavada tiene intención de cesar a la responsable de Servicios Sociales por haber incitado a okupar una vivienda. De momento, insiste en los argumentos del comunicado que se remitió el mismo viernes -poco después de que se conociera la grabación de audio- y en el que se pide disculpas por estas desacertadas declaraciones. "Se trata de un error. Es algo que no debería haber dicho y Ana Lorenzo lo ha reconocido y ha pedido perdón", manifestó ayer el concejal de Presidencia, Conrado Rodríguez, que ejerció de portavoz del gobierno municipal para dar explicaciones con respecto a este tema. La alcaldesa, sin embargo, evitó exponerse y hacer declaraciones. También su socio de gobierno, el andalucista Fran Romero, que se atuvo igualmente al comunicado de prensa lanzado el pasado viernes y a las declaraciones que en nombre del gobierno municipal realizó ayer el concejal de Presidencia.

Desde la oposición, el PP se expresó con contundencia y anunció que dará traslado del tema a la Fiscalía. "Una concejala que aconseja a familias con problemas de vivienda dar patadas en la puerta se tiene que ir por su propio pie, no le queda otra", llegó a afirmar el portavoz y presidente de los populares isleños, José Loaiza.

La concejala isleña, por otro lado, negó que fuera práctica habitual en el Ayuntamiento de San Fernando aconsejar a las familias a punto de ser desahuciadas que okupen viviendas deshabitadas que están en manos de entidades bancarias. Asegura que solo lo ha hecho en una ocasión, en la que fue grabada sin su consentimiento. Y que lo hizo al tratarse de un caso extremo que afectaba a tres menores que se quedaban en la calle. "Ni siquiera conozco las casas que son propiedad de entidades bancarias. Solo sabía de esa dirección -la que se cita en la grabación- porque me había enterado esa misma mañana", sostiene.

Eso sí, admite que en Servicios Sociales se conoce y se tiene constancia de varios casos así a los que se atiende. "Sabemos determinadas cosas (de las viviendas okupadas) porque la gente viene a Servicios Sociales buscando ayuda y nos cuenta su situación y lo que ha hecho", explicó. Pero no porque desde este área se les haya alentado a que okupen viviendas vacías.

La familia que ha denunciado los hechos -Alejandro y su ex mujer, María Antonia- advierten sin embargo que la propia concejala les facilitó los teléfonos de otras dos personas que ya habían okupado sendas casas, propiedades de entidades bancarias, para que les explicaran cómo podían hacerlo y cómo tenían que hacerlo para acceder a la luz, el agua...

Y otra conocida de esta familia, Pilar, que actualmente afronta también un proceso de desahucio y está a punto de quedarse en la calle, afirmó a este periódico que Lorenzo también le había hablado de esta opción al acudir en busca de ayuda, algo -reconoce- que le da "mucho miedo" porque es una ilegalidad y tiene un menor a su cargo. "No somos gentuza. Tengo un trabajo, aunque solo gano 400 euros, y estudio por las tardes. ¿Por qué tenemos que actuar así?", lamentó. La concejala de Políticas Sociales, no obstante, niega que sugerido esta alternativa más allá del caso que se ha conocido, en el que -insiste- lo hizo al tratarse de una situación muy particular.

Por su parte, el concejal de Presidencia de San Fernando descarta de entrada que el contenido de la grabación, en el que se apuntan datos de una propiedad de Unicaja, pudiera acarrear problemas en la relación del Ayuntamiento con esta y otras entidades bancarias. También, al hilo de la polémica desatada, se preguntó por las intenciones que tiene una familia que está siendo ayudada en Servicios Sociales al grabar una reunión privada.